De acuerdo con el Índice de Percepción de la Corrupción 2018 de Transparencia Internacional, México se ubica en la posición 138 de 180 países evaluados según los niveles percibidos de corrupción en el sector público, por haber obtenido una puntuación de 28/100, en donde el 0 “es altamente corrupto” y 100 “es muy limpio”, señaló el coordinador general de Seguimiento de Recomendaciones y de Asuntos Jurídicos de la CNDH, Rubén Francisco Pérez Sánchez.

Indicó que la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) ha expresado su preocupación ante esta situación, así como diversos organismos internacionales, como la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que han señalado que la corrupción impacta más en la población en situación de pobreza y vulnerabilidad.

Ello, ya que aumenta el costo de acceso a servicios públicos, debilita el contrato social y desincentiva inversiones, lo que genera desempleo y menor crecimiento económico.

También, mencionó Pérez Sánchez, afecta a niñas, niños, adolescentes, mujeres, afrodescendientes, migrantes, personas privadas de libertad y, especialmente, a integrantes de pueblos y comunidades indígenas que, ante el desarrollo de proyectos económicos, pueden ver vulnerados sus derechos al patrimonio cultural, a la preservación del medio ambiente, así como a la consulta previa e informada.

Durante su participación en el coloquio “¿Existe el delito de corrupción?”, organizado por el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), argumentó que según datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), en 2017, en México la corrupción llegó a siete mil 218 millones de pesos en pagos, trámites y solicitudes de servicios.

Mientras que el costo a consecuencia de actos de corrupción en trámites realizados ante autoridades de seguridad pública fue de mil 377 millones de pesos, cantidad que representa un aumento de 37.3 por ciento con relación a 2015.

Por ello, el funcionario de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) afirmó que es preciso fortalecer los mecanismos implementados recientemente, como el Sistema Nacional Anticorrupción, para combatir esas conductas.

La corrupción, agregó, impide al Estado cumplir diversas obligaciones como el otorgamiento de servicios de salud, el abastecimiento de medicamentos o la supervisión de obras públicas.

Por ello, la CIDH ha insistido en la importancia de que se generen mecanismos jurídicos, legales y de política pública para establecer el impacto de las diferentes formas de corrupción en el efectivo disfrute de los Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales (DESCA) y se fortalezca los medios para monitorear y evaluar los programas sociales, concluyó.