En México, el desplazamiento forzado por la violencia ha afectado a cerca de 400 mil personas en los últimos 15 años, con un incremento significativo durante el mandato de Andrés Manuel López Obrador, impulsado por la estrategia de «abrazos, no balazos». Esta situación ha ocurrido en un contexto donde el Congreso de la Unión ha sido señalado por su inacción al no aprobar una legislación que proteja a esta población vulnerable.
Según el Centro de Monitoreo de Desplazamientos Internos (IDMC), hasta junio de 2024, unas 8,659 personas fueron desplazadas debido a conflictos, mientras que entre 2008 y 2023 se estima que el total ascendió a 392 mil personas. Este fenómeno comenzó a intensificarse con la llamada «guerra contra el narcotráfico» iniciada en 2012.
Aunque desde hace más de cuatro años el Senado recibió una propuesta legislativa para crear la Ley para Prevenir, Atender y Reparar Integralmente el Desplazamiento Forzado Interno, esta aún no ha sido aprobada. El Instituto Belisario Domínguez ha señalado que, a pesar de la gravedad del problema, México carece de una política nacional que atienda de manera integral a las víctimas, así como de una normativa específica en la materia.
Emiliano Díaz Carnero, investigador del Colegio de la Frontera Norte en Ciudad Juárez, destacó que el desplazamiento está relacionado con factores como desapariciones, homicidios, inseguridad, extorsiones y la presencia de grupos delictivos. La Encuesta a Mexicanos Desplazados Internos Solicitantes de Asilo (2022), realizada por el Colegio de la Frontera Norte y la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez, mostró que muchas de estas personas vivían en condiciones precarias, acampando en las calles, cerca de los puentes internacionales o en albergues.
Los datos de la encuesta revelan que el 61% de las familias desplazadas huyeron por amenazas o extorsiones, el 48% por inseguridad o robos, el 35% debido a la presencia de grupos criminales, el 30% por la desaparición o asesinato de un familiar y el 26% por casos de reclutamiento forzado, afectando especialmente a niños, adolescentes y mujeres. Este fenómeno evidencia la falta de protección y atención para quienes son víctimas de la violencia estructural en el país.
