El jueves, cuadrillas de operarios trabajaron durante la madrugada para restablecer el suministro eléctrico en Puerto Rico, tras un apagón generalizado que afectó a 1,4 millones de clientes y dejó a más de 400,000 personas sin agua. El apagón comenzó el miércoles por la tarde y dejó sin electricidad a varios hospitales, el principal aeropuerto internacional y hoteles llenos de turistas durante la Semana Santa. Para el jueves por la mañana, aproximadamente 683,000 clientes (el 47%) ya tenían luz, y el 83% de los usuarios volvió a contar con agua. Las autoridades esperaban que el 90% de los afectados tuviera electricidad en un plazo de 48 a 72 horas.
La gobernadora Jenniffer González expresó su frustración, calificando el incidente como una «vergüenza» para Puerto Rico y reconociendo que el sistema eléctrico de la isla es muy frágil. A pesar de interrumpir sus vacaciones para regresar y atender la crisis, González dijo que tomaría al menos tres días para obtener información preliminar sobre la causa del apagón, el segundo en menos de cuatro meses.
El apagón causó un impacto económico significativo, con pérdidas estimadas en 230 millones de dólares diarios debido a la interrupción de negocios y servicios. La población, especialmente los más vulnerables, como los ancianos y aquellos que dependen de equipos médicos, estuvo entre los más afectados. Las autoridades locales y el gobierno de Puerto Rico activaron planes de emergencia para apoyar a estos grupos, incluyendo la movilización de brigadas para asistir a personas encamadas y la habilitación de centros con electricidad para quienes necesitan equipos médicos vitales.
Por el momento, no se sabe exactamente qué causó el apagón, pero se especula que la vegetación crecida podría haber afectado la red. Los funcionarios de Luma Energy y Genera PR, encargados de la transmisión y generación de energía, han iniciado investigaciones sobre la falla. La preocupación por los apagones recurrentes ha generado presión sobre el gobierno para cancelar contratos con estas empresas y reforzar la infraestructura energética de la isla, especialmente en un contexto económico donde los apagones podrían disuadir a posibles inversionistas.
Puerto Rico ha enfrentado apagones crónicos desde el huracán María en 2017, cuando la tormenta devastó la red eléctrica de la isla, la cual aún no se ha logrado reconstruir completamente debido a décadas de falta de mantenimiento e inversión.
