El Senado de la República está analizando una serie de reformas a la Ley Federal del Trabajo que buscan garantizar un ingreso digno para los trabajadores que actualmente operan bajo esquemas informales o sin salario fijo, como los empacadores de supermercado —conocidos como «cerillos»— y los despachadores de gasolina. La propuesta establece que ningún empleado podrá recibir únicamente propinas o gratificaciones voluntarias como forma de pago, y que, en todos los casos, deberá percibir al menos el salario mínimo vigente o, en su caso, el salario mínimo profesional correspondiente.
Esta iniciativa, turnada a las comisiones unidas de Trabajo y Previsión Social y de Estudios Legislativos Primera, contempla también a quienes laboran en empresas dedicadas al entretenimiento, el deporte y en estaciones de servicio. En ella se especifica que las propinas no formarán parte del cálculo para las cuotas del seguro social, y solo podrán integrarse como parte del pago total si se entregan directamente por el cliente y de forma opcional.
El documento aclara que la propina debe entenderse como un acto voluntario del consumidor, una muestra de agradecimiento por la atención recibida, sin que sustituya de ninguna manera la obligación patronal de otorgar un salario.
En paralelo, el Senado también recibió una minuta de la Cámara de Diputados que propone modificar la Ley General de Turismo para reforzar la protección de niñas, niños y adolescentes dentro de esta industria. Entre las nuevas obligaciones para prestadores de servicios turísticos, destaca la implementación de protocolos preventivos que prioricen el interés superior de la infancia y permitan identificar posibles delitos en su contra.
Los prestadores estarán obligados a verificar el vínculo legal de cualquier adulto que se presente con menores de edad, exigiendo documentación que acredite la relación, como patria potestad, tutela o custodia. Si dicha información no se presenta, deberán negar el servicio y notificar a las autoridades correspondientes ante la posible comisión de un delito.
Con estas reformas, el Senado avanza hacia una mayor justicia laboral y en favor de la protección de grupos vulnerables, como los menores de edad y trabajadores en condiciones precarias.
