El alcalde con licencia de Teuchitlán, José Ascensión Murguía Santiago, fue vinculado a proceso penal la noche del 9 de mayo por el delito de delincuencia organizada agravada por tratarse de un servidor público. La jueza federal Juana Beatriz Aguilar Jiménez también dictó prisión preventiva oficiosa y concedió un plazo de cuatro meses a la Fiscalía General de la República (FGR) para continuar con la investigación complementaria.
La audiencia, celebrada en el Centro de Justicia Penal Federal en Puente Grande, se prolongó por casi once horas. La defensa del alcalde se centró en desacreditar los testimonios de cuatro de los ocho testigos con identidad reservada presentados por la FGR, alegando que varios de ellos ubicaban a Murguía en hechos ocurridos cuando ya no ejercía funciones como edil, dado que se le otorgó licencia el 30 de enero de 2024 para separarse del cargo desde el 1 de marzo y buscar la reelección.
También acusaron a la Fiscalía de inducir declaraciones que habrían llevado a Murguía a autoincriminarse durante entrevistas realizadas en marzo, cuando aún era considerado testigo. La defensa presentó declaraciones de varios colaboradores del alcalde, quienes lo exculpaban, asegurando que no tenía relación con el grupo delictivo ni conocimiento del Rancho Izaguirre, presunto centro de reclutamiento del Cártel de Jalisco Nueva Generación (CJNG).
Entre los testimonios ofrecidos por la defensa se incluyeron los de su secretaria particular, policías municipales, un bombero, el oficial mayor del ayuntamiento y un comerciante local. Sin embargo, la jueza consideró que estos eran opiniones o declaraciones de personas cercanas o subordinadas al edil, lo que restaba valor probatorio.
Por su parte, la FGR sostuvo que los testigos reservados eran víctimas directas del CJNG, quienes identificaron al alcalde como colaborador del grupo, y subrayaron que sus declaraciones permitieron realizar cateos donde se hallaron armas, drogas y equipo táctico vinculado al cártel. Además, argumentaron que no era necesaria autorización judicial para entrevistar víctimas, y que la protección de su identidad está contemplada en la ley.
Finalmente, la jueza explicó que en esta etapa del proceso basta con establecer la probabilidad de que el acusado cometió el delito, por lo que resolvió vincularlo a proceso. A las afueras del tribunal, un grupo de simpatizantes del edil que se había reunido durante el día se había retirado antes de que concluyera la audiencia.
