El reciente despliegue de tropas federales en zonas de protesta ha generado un profundo desacuerdo entre gobernadores de distintos estados de Estados Unidos, evidenciando una división marcada entre posturas demócratas y republicanas respecto al uso del poder militar en conflictos civiles.
En California, el gobernador demócrata Gavin Newsom ha condenado con dureza la decisión del presidente Donald Trump de enviar militares a Los Ángeles en respuesta a las protestas contra su política migratoria. Newsom denunció que esta medida representa una amenaza directa a la democracia y presentó una demanda legal en un intento por frenar la intervención federal. A su juicio, la presencia de tropas exacerba la tensión en las calles y responde más a intereses políticos que a necesidades de seguridad.
El gobernador de Texas, Greg Abbott, por el contrario, se ha alineado con la postura presidencial y ha ordenado que la Guardia Nacional esté en alerta en puntos clave del estado ante posibles manifestaciones. Aunque no ha detallado cuántos efectivos se desplegarán ni en qué ciudades, la decisión refleja una estrategia preventiva basada en el control del orden público.
Mientras tanto, otros 22 gobernadores demócratas firmaron una declaración conjunta respaldando la postura de Newsom. A través de la Asociación de Gobernadores Demócratas, expresaron su rechazo al despliegue de tropas federales, al que calificaron como un uso desproporcionado de la fuerza que desvirtúa el propósito de las fuerzas armadas, rompe la confianza ciudadana y menosprecia la labor de los cuerpos policiales locales.
En Los Ángeles, epicentro de las protestas, las manifestaciones han estado contenidas en un área reducida del centro de la ciudad, pero han derivado en la detención de al menos 200 personas y lesiones para siete policías. La tensión crece mientras se multiplican los llamados a nuevas movilizaciones.
El debate se ha trasladado también al Congreso. En una audiencia reciente, varios gobernadores demócratas expresaron sus preocupaciones sobre la militarización de las ciudades. El gobernador de Illinois, JB Pritzker, enfatizó que su estado respeta la ley migratoria sin sacrificar el derecho a la protesta pacífica. A su vez, la gobernadora de Nueva York, Kathy Hochul, criticó el despliegue como un abuso del poder presidencial. Por su parte, Josh Shapiro, gobernador de Pensilvania, denunció que Trump ha utilizado tácticas caóticas para imponer su agenda, y pidió que se evite repetir en Filadelfia lo ocurrido en California.
Algunos líderes demócratas han optado por mantener una postura más mesurada. Janet Mills, gobernadora de Maine, y Josh Green, de Hawái, han intentado equilibrar las críticas con llamados al diálogo, conscientes de las posibles represalias federales. Kristoffer Shields, experto del Centro Eagleton, explicó que muchos mandatarios demócratas evalúan cuidadosamente cómo sus declaraciones pueden repercutir en sus carreras, tanto a nivel estatal como nacional.
Desde el otro espectro político, el gobernador de Florida, Ron DeSantis, se mostró dispuesto a enviar refuerzos a California, aunque la propuesta fue rechazada por la oficina de Newsom, que consideró la oferta una provocación. En declaraciones a Fox News, DeSantis defendió su posición afirmando que mantener el orden público requiere firmeza y que su intención era ofrecer asistencia, no agravar la situación.
De cara al fin de semana, se han convocado más manifestaciones bajo el lema “No Kings”, dirigidas contra las redadas migratorias y el uso de tropas en ciudades estadounidenses. En respuesta, varios estados han comenzado a coordinar acciones de seguridad. En Connecticut, el gobernador Ned Lamont pidió a las fuerzas policiales mantenerse unidas para garantizar el orden sin recurrir a la militarización. Lamont advirtió que la presencia de tropas federales solo intensificaría el conflicto.
Pese a la creciente tensión, en ciudades como San Antonio y Austin, autoridades locales han confirmado que no solicitaron asistencia militar, mientras en Florida, DeSantis reiteró su disposición a actuar con severidad si se producen disturbios.
El debate sobre el uso de la fuerza militar en protestas civiles ha reactivado una discusión profunda sobre el papel del gobierno federal, la autonomía estatal y los derechos constitucionales, en un contexto político cada vez más polarizado en Estados Unidos.
