La Corte Suprema de Estados Unidos avaló este viernes la solicitud del presidente Donald Trump de anular los bloqueos judiciales que frenaban su intento por restringir el derecho automático a la ciudadanía por nacimiento, una medida que representa un triunfo legal para el mandatario y podría tener un fuerte impacto en los litigios abiertos contra sus políticas migratorias.
Con seis votos a favor y tres en contra, el máximo tribunal, dominado por una mayoría conservadora, no se pronunció directamente sobre la constitucionalidad de la orden de Trump, que busca negar la ciudadanía estadounidense a los hijos de personas indocumentadas o con estatus migratorio temporal. En cambio, la decisión se enfocó en los alcances de los tribunales inferiores y la legalidad de sus fallos para frenar de manera general las disposiciones del Ejecutivo.
La resolución analiza los bloqueos nacionales que tres jueces federales, ubicados en Maryland, Washington y Massachusetts, habían impuesto a la orden presidencial argumentando que el mandatario carece de facultades para modificar derechos establecidos en la Constitución.
La jueza Amy Coney Barrett, quien redactó la opinión mayoritaria, sostuvo que los tribunales federales no tienen la función de supervisar de manera general al poder Ejecutivo, sino de resolver disputas conforme a las atribuciones que les concede el Congreso. Barrett, que había mostrado escepticismo durante las audiencias de mayo sobre el enfoque técnico del caso, insistió en que los jueces no pueden responder a supuestos abusos del Ejecutivo incurriendo ellos mismos en un exceso de poder.
La aplicación de la orden ejecutiva que restringe la ciudadanía por nacimiento se mantiene suspendida por el momento, pero entrará en vigor 30 días después del fallo, lo que da margen a los grupos opositores para considerar nuevas estrategias legales, entre ellas la posibilidad de interponer demandas colectivas.
De acuerdo con el Migration Policy Institute, cerca de 255,000 bebés nacidos cada año en Estados Unidos podrían verse afectados por esta medida, la cual ha generado fuerte rechazo entre expertos y defensores de derechos humanos, quienes recuerdan que el derecho a la ciudadanía por nacimiento está protegido por la Enmienda 14 y no puede ser anulado mediante un decreto presidencial.
La jueza liberal Sonia Sotomayor expresó su desacuerdo desde el estrado, algo poco habitual, al advertir que esta decisión representa una renuncia de la Corte a su papel fundamental de salvaguardar el Estado de derecho. En el mismo sentido, la magistrada Ketanji Brown Jackson cuestionó que el fallo abre la puerta a que el Ejecutivo limite derechos constitucionales de personas que ni siquiera están involucradas en los procesos judiciales actuales, lo que en su opinión pone en riesgo los principios democráticos.
Desde su regreso al poder el pasado 20 de enero, Trump ha reforzado su política migratoria de línea dura, y la restricción de la ciudadanía automática fue una de las principales promesas de su campaña. La controvertida orden ejecutiva fue firmada el mismo día de su toma de protesta.
