La medición de la pobreza, la evaluación educativa, la transparencia y la regulación en telecomunicaciones en México quedarán bajo el control exclusivo del gobierno federal tras la desaparición de al menos ocho organismos autónomos durante las últimas dos administraciones.
El proceso comenzó en el sexenio de Andrés Manuel López Obrador y se consolidó bajo el mandato de Claudia Sheinbaum, con el argumento de que dichos organismos representaban un gasto innecesario.
Expertos advierten que sin instituciones como el Inai, Coneval, Mejoredu o el IFT, los ciudadanos se quedarán sin acceso a información independiente y estarán expuestos únicamente a la versión oficial de los hechos.
Marco Fernández, investigador del Tecnológico de Monterrey y coordinador de Anticorrupción en México Evalúa, señaló que al gobierno le incomodan los organismos que generan indicadores objetivos sobre el desempeño institucional, pues estos suelen evidenciar las deficiencias y malas decisiones en las políticas públicas.
Por su parte, Jacqueline Peschard, excomisionada del Instituto Federal de Transparencia, recordó que estos organismos garantizaban el acceso a información pública, derecho que ahora queda comprometido.
“Esa información es de los ciudadanos, no del gobierno. Si queremos datos actualizados o completos y no nos los entregan, poco podremos hacer”, advirtió.
Para los especialistas, la eliminación de estos entes autónomos responde a la necesidad de evitar críticas y de construir una narrativa gubernamental sin cuestionamientos, donde se pueda afirmar que todo funciona, sin datos verificables que lo respalden.
