Una corte federal en Nueva Hampshire suspendió temporalmente la orden ejecutiva del expresidente Donald Trump que pretende eliminar el derecho a la ciudadanía por nacimiento en Estados Unidos. La medida fue tomada por el juez Joseph LaPlante, quien dictó una orden judicial preliminar válida para todo el país, impidiendo que entre en vigor mientras continúa el proceso legal.
La decisión responde a una demanda colectiva promovida por la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU) y otros organismos, que busca proteger a todos los menores que podrían verse afectados por esta política. Aunque el juez limitó el alcance de la demanda, excluyendo a los padres como parte de la clase colectiva, los abogados indicaron que esto no afecta el fondo del caso.
Según Cody Wofsy, abogado de los demandantes, la resolución judicial representa una protección importante para miles de niños y niñas, al calificar la orden presidencial como una violación inconstitucional al derecho básico de ciudadanía.
La acción legal fue presentada en representación de varios padres, incluidos migrantes con procesos pendientes de asilo o residencia, y sus hijos nacidos en territorio estadounidense. Los demandantes sostienen que la orden de Trump, firmada en enero, contraviene la 14ª Enmienda de la Constitución, la cual establece que toda persona nacida en suelo estadounidense es automáticamente ciudadana.
El gobierno de Trump, por su parte, sostiene que dicha protección constitucional no debe aplicar a los hijos de personas que residen en el país sin autorización legal o de forma temporal. Argumenta que esto ha incentivado la migración irregular, y defiende que el término “sujetas a su jurisdicción”, dentro del texto constitucional, otorga margen para limitar el derecho de ciudadanía en estos casos.
Durante la audiencia del jueves, el subprocurador general adjunto, Eric Hamilton, alegó que tanto la certificación de la demanda colectiva como la orden judicial eran prematuras, ya que no se ha comenzado a aplicar la orden ejecutiva. También sostuvo que cualquier medida cautelar debería aplicarse únicamente dentro del estado de Nueva Hampshire, y no a nivel nacional.
El juez LaPlante rechazó esos argumentos y afirmó que negar la ciudadanía es una afectación tan grave que constituye un daño irreparable. Señaló que su decisión no fue difícil de tomar y resaltó la importancia del estatus de ciudadanía como uno de los derechos más fundamentales en el mundo.
Mientras tanto, otras cortes en distintos estados también están revisando demandas similares. En Maryland, la jueza del caso otorgó plazo hasta este miércoles para presentar argumentos antes de decidir si concede una medida cautelar nacional, como solicitó la organización CASA.
Ama Frimpong, directora jurídica de esa organización, llamó a la calma y aseguró que existen diversas vías legales en curso para frenar la orden antes de que pueda tener algún efecto.
Uno de los casos emblemáticos es el de una mujer hondureña con una solicitud de asilo en trámite, que espera a su cuarto hijo en octubre. En una declaración presentada al tribunal, señaló que su familia huyó de la violencia en su país y teme que su hijo pueda quedar desprotegido o incluso enfrentarse a la deportación si se elimina su derecho a la ciudadanía.
Otra familia que participa en la demanda es originaria de Brasil. Tras cinco años viviendo en Florida, acaban de tener a su primer hijo en marzo y están solicitando la residencia permanente. “Mi hijo nació aquí. Tiene derecho a ser ciudadano estadounidense y a construir su vida en este país”, escribió el padre en su testimonio.
