Este sábado, un nutrido grupo de legisladores estatales y federales acudió al recién construido centro de detención de migrantes ubicado en los Everglades, una instalación remota que ha sido apodada por funcionarios como el “Alcatraz de los Caimanes”. La visita, organizada por el propio estado de Florida, se produjo después de que a varios legisladores se les impidiera el acceso en fechas anteriores.
La instalación, con capacidad para albergar a tres mil personas, fue levantada en tiempo récord sobre una pista de aterrizaje aislada, rodeada de pantanos. Debido a la gran cantidad de funcionarios presentes, el recorrido se dividió en varios grupos. El centro forma parte de una estrategia impulsada por el gobernador Ron DeSantis, quien, junto a aliados republicanos, ha defendido este complejo temporal como una respuesta eficiente a la demanda del expresidente Donald Trump de acelerar las deportaciones masivas.
Los primeros migrantes detenidos llegaron el 3 de julio, poco después de que Trump recorriera el lugar y elogiara sus condiciones. Aunque las autoridades aseguran que se trata de una instalación provisional, su objetivo es contribuir al aumento de la capacidad de detención migratoria en el país, de las 41 mil a por lo menos 100 mil personas.
Antes de su apertura, funcionarios locales aseguraron que los detenidos tendrían acceso a servicios básicos como atención médica, áreas recreativas, asistencia legal, asesoría espiritual, agua potable, aire acondicionado y alimentación diaria. Sin embargo, las denuncias no se hicieron esperar. Migrantes, familiares y activistas han descrito condiciones precarias: comida contaminada, baños colapsados, infestaciones de mosquitos, cortes intermitentes del aire acondicionado y falta de acceso a duchas durante días.
Desde el gobierno estatal, la vocera de la División de Manejo de Emergencias, Stephanie Hartman, rechazó estas acusaciones y aseguró que todos los estándares están siendo cumplidos, negando las versiones sobre malas condiciones.
Algunos legisladores, principalmente del Partido Demócrata, habían intentado ingresar al lugar desde principios de julio, pero no se les permitió la entrada, lo que llevó a la presentación de una demanda contra la administración de DeSantis, acusándola de bloquear la función de supervisión legislativa. Desde el equipo del gobernador, la acción legal fue tachada de absurda.
Pese a prever una visita controlada y limitada, los funcionarios decidieron acudir con la intención de observar personalmente la situación y formular preguntas directas. La congresista Debbie Wasserman Schultz afirmó que, independientemente de las condiciones de la visita, su propósito era obtener una perspectiva más clara del lugar y su funcionamiento.
