El Instituto Nacional de Migración (INM) inició este sábado un registro de los integrantes de la caravana migrante denominada “Éxodo de justicia”, con el objetivo de conocer los trámites realizados por cada persona para regularizar su estatus y definir las acciones que se tomarán en cada caso.
Durante su conferencia del viernes, la presidenta Claudia Sheinbaum señaló que las alternativas que el gobierno ofrece a quienes participan en la caravana, que partió el pasado miércoles, incluyen desde la repatriación hasta la oportunidad de incorporarse al mercado laboral en México.
De acuerdo con Keyla, una migrante venezolana, agentes del INM y del Grupo Beta Sur llegaron alrededor de las 14:00 horas a la unidad deportiva “Salomón González Blanco” en Escuintla, lugar donde descansaba el contingente. Allí solicitaron a los migrantes —provenientes principalmente de Cuba, Venezuela, Haití, Ecuador y países de Centroamérica— formarse en filas para ser entrevistados y verificar sus datos personales y el tipo de trámite realizado.
Aunque algunos expresaron temor a ser engañados, aceptaron participar en el censo y esperar la respuesta de las autoridades. No obstante, el grupo planea reanudar la caminata la madrugada del domingo rumbo a Mapastepec, a unos 35 kilómetros de distancia.
En medio de esta jornada, una pareja ecuatoriana, Johnny Fabricio y Jennyfer Magdalena, padres de tres menores —entre ellos la bebé mexicana Itzel Guadalupe, de ocho meses— pidió a la presidenta Sheinbaum que se les condone la multa de 44 mil pesos que les fue impuesta por la regularización por vínculo familiar.
“Somos padres de bajos recursos, le pedimos a la presidenta que nos ayude y no nos cobren esa multa”, expresó Johnny. La familia se unió a la caravana tras no poder cubrir el pago y recibir la negativa de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (COMAR) para obtener el estatus de refugiados. Sin empleo y con limitadas opciones, esperan llegar a la Ciudad de México para tramitar documentos y encontrar un trabajo que les permita sostenerse.
