La Comisión Anticorrupción y de Transparencia del Senado solicitó una investigación exhaustiva sobre posibles irregularidades en la adjudicación directa de contratos por parte del Sistema de Transportes Eléctricos (STE) de la Ciudad de México, ante señalamientos de favoritismo hacia determinadas empresas.
El presidente de dicha comisión, Francisco Daniel Barreda Pavón, afirmó que se revisarán los procedimientos realizados, subrayando que las adjudicaciones directas deben ser públicas y transparentes. “Esa opacidad genera corrupción, por lo cual hay que investigar a quiénes se les están otorgando las licitaciones”, declaró.
El STE, responsable de la operación de los trolebuses y el Tren Ligero en la capital, enfrenta una denuncia ante el Gobierno de la Ciudad de México, registrada bajo el folio SIDEC2510183DENC. En ella, empresarios acusan al organismo —encabezado por Martín López Delgado— de presunto favoritismo hacia la empresa Trolley and Bus Electric México, S.A. de C.V., tanto en la compra de refacciones como en contratos para subestaciones eléctricas.
Según la denuncia enviada a la Contraloría Interna del STE, en 2024 se habría otorgado de manera directa el contrato número STE-DEAF-GRMA-041-A-2024 a Trolley and Bus Electric México, por un monto de 100 millones de pesos, sin realizar un estudio de mercado que permitiera comparar precios con otros proveedores. Esto habría derivado en sobrecostos de hasta cuatro veces más respecto a los precios de menudeo.
La empresa argumentó que la adjudicación se sustentó en una supuesta exclusividad otorgada por Yutong de México, S.A. de C.V., fabricante de los trolebuses; sin embargo, dicha compañía negó haber concedido tal exclusividad, poniendo en duda la legalidad del proceso.
Por su parte, el secretario de la Comisión Anticorrupción del Senado, Pablo Angulo Briseño, recalcó la necesidad de investigar cualquier acto de corrupción y de garantizar un uso correcto de los recursos públicos. Señaló que las adjudicaciones directas se han vuelto una práctica frecuente que fomenta la opacidad y puede beneficiar a ciertos funcionarios, por lo que insistió en que “no se puede normalizar ni permitir que el dinero público se utilice para el enriquecimiento personal”.
