Luego de más de 18 años de confrontación laboral, los trabajadores de la Sección 65 del Sindicato Nacional Minero aprobaron de manera unánime un acuerdo que pone fin a una de las huelgas más largas en la historia reciente de México, iniciada en julio de 2007 en la mina de Cananea, Sonora.
La decisión fue tomada en asamblea general, donde se avaló un Plan de Solución Integral que beneficiará a más de 650 mineros y a sus familias. El acuerdo es resultado de un proceso de negociación en el que participaron el sindicato, el Gobierno federal, las secretarías de Gobernación y del Trabajo, así como el Gobierno del Estado de Sonora, como parte de una estrategia de remediación para la región.
El conflicto comenzó por inconformidades relacionadas con condiciones laborales y de seguridad en la mina operada por Grupo México, y con el paso de los años se convirtió en un referente nacional de la lucha obrera. Durante este periodo, los trabajadores enfrentaron severas afectaciones económicas, procesos legales prolongados, hostigamiento y la pérdida de al menos 52 compañeros, según datos del propio sindicato.
El acuerdo contempla, entre otros puntos, liquidaciones conforme a lo establecido en el contrato colectivo original, la incorporación de los trabajadores y sus familias al Instituto Mexicano del Seguro Social, acceso a esquemas de pensión bajo los regímenes de 1973 y 1997, la extensión de beneficios a viudas de mineros fallecidos durante el conflicto y la posibilidad de que algunos trabajadores puedan reincorporarse a labores.
Como parte del cierre del conflicto, mineros y viudas acudieron de forma ordenada al Palacio Municipal de Cananea para recibir los cheques de liquidación emitidos por la Junta de Conciliación hace 18 años, mismos que habían decidido no cobrar hasta alcanzar un acuerdo definitivo.
Asimismo, se informó que el Gobierno federal, encabezado por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, se comprometió a otorgar un recurso extraordinario de 483 millones de pesos, tras diversas mesas de diálogo y una recomendación de la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos. Estos recursos serán distribuidos con base en la antigüedad y el escalafón que cada trabajador tenía al inicio de la huelga.
Durante el proceso estuvo presente la subsecretaria de Gobierno del Estado, Ana Luisa Chávez, quien dio fe del cumplimiento de los acuerdos y acompañó el cierre de este episodio que marca un momento clave para la comunidad minera y el sindicalismo en el país.
Por su parte, el dirigente nacional del Sindicato Minero, Napoleón Gómez Urrutia, destacó que el desenlace demuestra la fuerza de la organización sindical y recordó que la lucha por condiciones laborales justas continúa, particularmente en otros conflictos aún activos en estados como Guerrero y Zacatecas.
En paralelo, un grupo de exmineros despedidos años antes del estallido de la huelga manifestó que sus casos no han sido resueltos. Carlos Navarrete Aguirre, junto con Miguel Santos Núñez y Martín Barrios Medina, señalaron que llevan décadas buscando justicia tras despidos que consideran injustificados y pidieron ser incluidos en los beneficios derivados del acuerdo alcanzado en Cananea.
El cierre de este conflicto pone fin a una larga etapa de confrontación, pero también deja abiertos pendientes para otros trabajadores que aún buscan una resolución a sus demandas laborales.
