Los principales proyectos de infraestructura impulsados por la llamada Cuarta Transformación continúan enfrentando litigios legales que ya han significado afectaciones económicas por más de 41 millones de pesos durante 2025, derivadas de resoluciones judiciales en materia administrativa, laboral y agraria.
Las demandas fueron promovidas desde 2024 por trabajadores y ciudadanos que señalaron presuntas afectaciones relacionadas con la construcción del Tren Maya, la refinería de Dos Bocas y el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles. Las sentencias y estimaciones de impacto financiero se reflejaron a lo largo del último año.
De acuerdo con la Cuenta Pública 2024, el Tren Maya concentra el mayor número de procesos legales abiertos. Al cierre de ese ejercicio se habían recibido 51 notificaciones de juicio, 40 de ellas en contra de Fonatur Tren Maya y 11 más dirigidas a la empresa Tren Maya, actualmente bajo control de la Secretaría de la Defensa Nacional.
En el caso de Fonatur Tren Maya, la mayoría de los litigios corresponden a conflictos laborales, además de procedimientos administrativos y un caso de responsabilidad patrimonial del Estado. Las propias autoridades reconocieron que en todos los juicios laborales existía una alta probabilidad de fallo a favor de los demandantes, lo que llevó a estimar un impacto financiero superior a los 35 millones de pesos por concepto de indemnizaciones y pagos derivados de la Ley Federal del Trabajo.
También se contemplaron recursos para cubrir sentencias administrativas firmes y otros procesos que aún se encuentran en trámite, cuyos montos no han sido definidos, al igual que el procedimiento por responsabilidad patrimonial, catalogado como de impacto económico indeterminable.
Respecto a los juicios interpuestos contra Tren Maya, S.A. de C.V., se registraron procesos administrativos y agrarios relacionados con avalúos, contratos rescindidos anticipadamente y pagos por ocupación de tierras en zonas de Quintana Roo y Yucatán, sin que hasta ahora se haya fijado un monto específico por tratarse de asuntos en curso. A ello se suma la previsión de más de un millón de pesos para cubrir demandas laborales, principalmente por despidos considerados injustificados.
En cuanto a la refinería de Dos Bocas, las autoridades reservaron la información sobre la mayoría de los litigios en su contra, incluyendo los de carácter administrativo, fiscal y agrario. Únicamente se hizo pública la existencia de una demanda laboral promovida por un exservidor público que solicitó su reinstalación y el pago de salarios caídos.
