Integrantes de la organización Somos México, que busca consolidarse como partido político, presentaron una serie de propuestas de reforma electoral tras reunirse con la presidenta de la Cámara de Diputados, Kenia López Rabadán, las cuales serán turnadas en los próximos días a las comisiones correspondientes para su análisis.
Entre los planteamientos centrales destaca la propuesta de que los partidos políticos pierdan su registro si se demuestra que recibieron financiamiento proveniente de la delincuencia organizada. También se propone establecer una representación proporcional estricta en el Congreso, con el objetivo de evitar la sobrerrepresentación, sin eliminar las figuras de diputaciones y senadurías plurinominales.
Asimismo, el grupo subrayó la necesidad de preservar el servicio profesional electoral como un pilar para garantizar procesos comiciales confiables. En este sentido, se advirtió que su desaparición pondría en riesgo la certeza y transparencia de las elecciones.
Leonardo Valdés Zurita, expresidente del entonces Instituto Federal Electoral, sostuvo que cualquier reforma en la materia debe construirse a partir del consenso entre las fuerzas políticas y enfatizó que el servicio profesional electoral es indispensable para asegurar resultados confiables. Señaló que es posible reducir costos en los procesos electorales, siempre y cuando no se comprometa la autonomía de las autoridades ni la certeza del voto ciudadano.
Por su parte, Guadalupe Acosta Naranjo consideró inviable eliminar a los legisladores de representación proporcional, pero respaldó la idea de ajustar el sistema para que exista una correspondencia real entre el porcentaje de votos obtenidos y los escaños asignados, evitando distorsiones que, dijo, afectan la equidad democrática.
Acosta Naranjo también alertó sobre los riesgos de debilitar el servicio profesional electoral, al señalar que su permanencia es clave para la credibilidad de los resultados y el conteo de votos, especialmente en escenarios de alta tensión política.
Las propuestas buscan incidir en el debate nacional sobre la reforma electoral, en un contexto marcado por la discusión sobre financiamiento político, representación legislativa y la solidez de las instituciones encargadas de organizar las elecciones en México.
