Integrantes del colectivo Guerreros Buscadores de Jalisco señalaron públicamente a la Fiscalía General de la República por presuntamente desatender las investigaciones relacionadas con el Rancho Izaguirre, ubicado en el municipio de Tehuchitlán, Jalisco, además de acusar la filtración de información sensible que habría puesto en riesgo a personas detenidas y favorecido intentos para obtener su liberación.
A través de una carta dirigida a la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, el colectivo aseguró que durante varios meses optaron por guardar silencio con la intención de no entorpecer las indagatorias y permitir que las autoridades realizaran su trabajo. Sin embargo, afirmaron que lejos de obtener avances, se encontraron con falta de seguimiento, omisiones graves y versiones contradictorias por parte de las instancias federales.
En el documento, denunciaron que el predio actualmente se encuentra sin resguardo y sin acciones de investigación activas, situación que, según indicaron, puede comprobarse mediante evidencias documentales. Añadieron que no se realizaron cateos suficientes, se dejaron de lado líneas de investigación relevantes y no se procedió judicialmente contra funcionarios, pese a contar con elementos para hacerlo.
El colectivo advirtió que esta falta de actuación ha permitido que las personas detenidas interpongan recursos legales con posibilidades reales de recuperar su libertad. Al mismo tiempo, señalaron que a las familias buscadoras se les ha negado el acceso a las carpetas de investigación, aun cuando han presentado quejas formales contra Ricardo Flores, director del área de personas desaparecidas de la FGR.
Uno de los señalamientos más delicados expuestos en el pronunciamiento es el relacionado con testigos clave que, pese a contar con información sensible, no fueron tomados en cuenta por las autoridades. De acuerdo con el colectivo, algunos de ellos tuvieron que salir del país rumbo a Estados Unidos por temor a represalias, mientras que la desaparición de jóvenes y el reclutamiento forzado continúan sin una respuesta efectiva del Estado.
Guerreros Buscadores de Jalisco aclararon que su posicionamiento no tiene fines políticos ni busca generar confrontación mediática, sino que responde a una situación límite. Indicaron que decidieron alzar la voz porque el silencio dejó de ser una opción y describieron su mensaje como un llamado desesperado por la memoria de las víctimas y por quienes siguen desapareciendo.
Finalmente, expresaron su confianza en la presidenta de la República y la exhortaron a no permitir que se continúe ocultando la verdad ni normalizando la existencia de espacios utilizados para la desaparición y exterminio de personas. A la sociedad en general, le pidieron no permanecer indiferente, al advertir que la inacción también tiene consecuencias históricas y que el silencio contribuye a perpetuar el problema.
