PRI pide frenar el registro obligatorio de líneas celulares por riesgos a la privacidad

Por Redacción AAMX
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La bancada del Partido Revolucionario Institucional (PRI) en el Senado solicitó la suspensión inmediata del registro obligatorio de líneas telefónicas móviles promovido por el Ejecutivo Federal, al considerar que esta medida pone en riesgo derechos fundamentales como la privacidad, la presunción de inocencia y la seguridad de millones de usuarios en el país.

Las y los legisladores priistas presentaron un exhorto para que la aplicación del registro sea detenida hasta que exista una evaluación integral que contemple aspectos técnicos, jurídicos y de derechos humanos. Afirmaron que el combate a la delincuencia debe basarse en estrategias de inteligencia y no en acciones que, a su juicio, vulneran garantías constitucionales y exponen a la ciudadanía.

El grupo parlamentario recordó que este tipo de políticas ya fracasaron en el pasado, al señalar el antecedente del Registro Nacional de Usuarios de Telefonía Móvil (RENAUT), el cual fue invalidado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación en 2022 tras determinar que violaba derechos humanos. En ese sentido, advirtieron que el nuevo esquema repite errores similares al carecer de mecanismos sólidos de control y protección de datos.

Asimismo, rechazaron que la recopilación masiva de información personal y biométrica sea una herramienta eficaz para combatir delitos como la extorsión o el fraude. Por el contrario, señalaron que la creación de grandes bases de datos representa un incentivo para la delincuencia organizada, al convertirse en objetivos de alto valor. Como ejemplo, mencionaron que desde el inicio del registro se reportó la vulneración de plataformas tecnológicas y la filtración de información sensible.

Finalmente, el PRI acusó que la medida ignora criterios constitucionales ya establecidos y minimiza las consecuencias para sectores en situación de vulnerabilidad, particularmente personas que enfrentan contextos de violencia, discriminación o riesgo de criminalización, por lo que insistieron en la necesidad de revisar a fondo la política antes de su implementación.

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