La Secretaría de la Defensa Nacional reportó el aseguramiento en flagrancia de 85 vehículos aéreos no tripulados utilizados presuntamente por grupos delictivos durante 2025, una cifra que contrasta con los 12 decomisos registrados en 2024.
De acuerdo con información oficial proporcionada vía transparencia, desde 2019 se han confiscado 134 drones. El registro histórico indica que en 2023 se incautaron 15; en 2022, 12; en 2021, nueve; en 2020 no hubo reportes, y en 2019 se documentó un caso.
En el presente año, Michoacán y Sinaloa encabezan la lista de aseguramientos con 26 dispositivos cada uno. En el caso de Michoacán, el municipio de Apatzingán concentró 21 casos; mientras que en Sinaloa, Badiraguato reportó 11 y Culiacán nueve. Tamaulipas suma seis decomisos, principalmente en Miguel Alemán y Nuevo Laredo.
El tema cobró relevancia internacional luego de que se registrara el cierre momentáneo del espacio aéreo en El Paso, Texas, situación que autoridades estadounidenses atribuyeron a la presencia de drones relacionados con un cártel mexicano. La medida fue anunciada por la Federal Aviation Administration, lo que obligó a suspender temporalmente vuelos en la zona fronteriza.
Especialistas advierten que estos dispositivos no solo se emplean con fines recreativos, sino que pueden ser modificados para portar artefactos explosivos o mecanismos de disparo. El investigador Oswaldo R. Aguilar Rivera, del Universidad Nacional Autónoma de México, explicó que en entidades como Michoacán se han detectado drones adaptados con granadas para atacar objetivos desde el aire. También señaló que algunos son utilizados para labores de vigilancia y control territorial por parte de organizaciones criminales.
Por su parte, el académico Rubén Ortega Montes indicó que la delincuencia organizada ha incorporado la tecnología aérea como una herramienta adicional para proyectar control e intimidación, ampliando así sus capacidades operativas.
