La relatora especial de la Organización de las Naciones Unidas sobre la violencia contra mujeres y niñas, Reem Alsalem, hizo un llamado a México para fortalecer las políticas públicas, las instituciones y los presupuestos destinados a garantizar la seguridad y los derechos de este sector de la población, al considerar que aún existen desafíos importantes.
Durante su participación en una reunión de la Comisión para la Igualdad de Género del Senado de la República, la especialista reconoció los avances legales que ha tenido el país en materia de equidad y combate a la violencia; sin embargo, advirtió que las leyes resultan insuficientes si no cuentan con mecanismos efectivos para su aplicación.
Señaló que entre los principales problemas persisten la falta de refugios adecuados, la impunidad en casos de feminicidio y la carencia de procedimientos claros para atender a las víctimas. Asimismo, alertó sobre la tendencia en algunos países de reducir el nivel institucional de las áreas encargadas de las políticas de género, lo que dificulta evaluar resultados y ejecutar acciones concretas.
La relatora también subrayó que muchas estrategias gubernamentales no contemplan la diversidad de situaciones que enfrentan las mujeres, en especial aquellas pertenecientes a comunidades indígenas o minorías, por lo que insistió en la necesidad de implementar medidas específicas que permitan alcanzar una igualdad sustantiva.
En temas como la prostitución y la gestación subrogada, Alsalem expresó preocupación por la normalización de prácticas que, afirmó, pueden derivar en explotación y vulneración de derechos, especialmente en contextos de crisis económicas y desigualdad.
Por su parte, la senadora Martha Lucía Mícher Camarena consideró que la aplicación de la llamada Ley 3 de 3 contra la violencia hacia las mujeres no ha dado los resultados esperados, por lo que adelantó que será necesario revisar su implementación para corregir fallas y mejorar su funcionamiento antes de futuros procesos electorales.
La legisladora también destacó que el Congreso ha aprobado reformas importantes, como la regulación de la violencia digital y mediática, así como cambios en los mecanismos de declaración y seguimiento de las alertas de violencia de género, con el objetivo de fortalecer la protección de las mujeres y garantizar su integridad física y emocional.
