El pleno del Senado de la República aprobó por unanimidad, con 116 votos a favor, una reforma constitucional que busca poner fin a las llamadas “pensiones doradas” en organismos paraestatales como Comisión Federal de Electricidad, Petróleos Mexicanos y la extinta Luz y Fuerza del Centro, entre otras instituciones públicas.
La iniciativa establece un tope para las pensiones que no podrá superar aproximadamente los 70 mil pesos mensuales, equivalente a la mitad del salario de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum. La medida también contempla que la reforma tenga carácter retroactivo, por lo que personas jubiladas que actualmente perciben ingresos superiores a esa cantidad verían reducida su pensión al nuevo límite establecido.
Con estos cambios, se busca disminuir las pensiones que en algunos casos superan los 100 mil pesos mensuales e incluso alcanzan montos cercanos al millón de pesos. Sin embargo, la reforma no contempla eliminar estos beneficios para exfuncionarios de secretarías de Estado ni para integrantes de las Fuerzas Armadas.
Durante la discusión en tribuna, el senador de Morena Javier Corral Jurado explicó que la reforma constitucional puede aplicarse de manera retroactiva debido a que la Constitución es la norma fundamental del país. Aclaró que la modificación no elimina el derecho a la pensión, sino que establece límites para evitar percepciones excesivas dentro de la llamada burocracia dorada.
Por su parte, el senador del PAN Francisco Ramírez Acuña expresó inquietudes sobre el alcance constitucional de la reforma, al considerar que podría afectar principios relacionados con los derechos adquiridos, la seguridad social y la progresividad de los derechos humanos.
Desde la bancada de Movimiento Ciudadano, el senador Luis Donaldo Colosio Riojas manifestó respaldo a la iniciativa, aunque cuestionó que la reforma no incluya a instituciones como las Fuerzas Armadas ni al Poder Judicial. También advirtió que fijar el límite con base en el salario de la persona titular del Ejecutivo podría generar incertidumbre jurídica debido a posibles variaciones en dicha remuneración.
El dictamen fue turnado a la Cámara de Diputados de México para su análisis y eventual aprobación. La reforma modifica el artículo 127 de la Constitución con el objetivo de que ninguna pensión otorgada por el Estado supere el límite establecido.
De acuerdo con estimaciones del gobierno federal, la medida podría generar un ahorro cercano a los cinco mil millones de pesos que actualmente se destinan a pensiones elevadas en organismos como Banobras y Nacional Financiera, entre otros.
Datos oficiales indican que entre tres mil 404 y cinco mil 600 exfuncionarios y exdirectivos de empresas estatales y de la banca de desarrollo reciben actualmente pensiones superiores al salario presidencial.
