La organización civil Causa en Común advirtió que la reciente actualización del Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas refleja deficiencias en la calidad de la información oficial y evidencia debilidades en las instituciones responsables de documentar esta problemática en México.
A través de un posicionamiento, el colectivo afirmó que, a ocho años de la entrada en vigor de la Ley General en la materia, el país aún no cuenta con cifras plenamente confiables ni verificables sobre el número real de personas desaparecidas.
Según su análisis, los datos difundidos por el gobierno federal presentan inconsistencias que dificultan su interpretación. El registro reporta más de 130 mil casos, de los cuales una parte significativa carece de información suficiente para confirmar identidades o activar mecanismos efectivos de búsqueda.
Asimismo, señaló que otro grupo considerable de registros ha sido clasificado con base en indicios administrativos posteriores a la desaparición, lo que ha llevado a presumir que esas personas no continúan en esa condición, criterio que la organización considera cuestionable.
En contraste, sólo una fracción de los casos es considerada como desapariciones verificadas, y dentro de estos, un número reducido cuenta con una carpeta de investigación formal, lo que evidencia limitaciones en la capacidad de las fiscalías.
La organización también criticó que el registro carezca de mecanismos independientes de verificación y que su acceso sea limitado, lo que impide validar la consistencia de los datos. Además, advirtió que la falta de información en algunos expedientes podría derivar en la exclusión de casos en lugar de incentivar su investigación.
Desde su perspectiva, esta dinámica genera un círculo problemático en el que la ausencia de datos frena la búsqueda, y a su vez, la falta de búsqueda influye en que los casos no sean considerados como desapariciones.
El colectivo alertó que estas prácticas podrían responder más a ajustes estadísticos que a una estrategia efectiva para atender la crisis, especialmente si no se fortalecen las instituciones encargadas de la investigación y localización de personas.
Finalmente, Causa en Común insistió en la necesidad de incrementar las labores en campo, agilizar los procesos de identificación forense y garantizar mayores recursos para fiscalías y comisiones de búsqueda, subrayando que se trata de una responsabilidad del Estado que debe atenderse con seriedad y enfoque en las víctimas.
