La Comisión Nacional de los Derechos Humanos modificó su postura frente a organismos internacionales al pasar de promover la intervención del Comité contra la Desaparición Forzada de la ONU a cuestionar abiertamente su actuación y conclusiones recientes.
Bajo la presidencia de Rosario Piedra Ibarra, el organismo había respaldado en años anteriores la participación del comité internacional e incluso exhortó al gobierno federal a reconocer su competencia como un mecanismo para fortalecer la protección frente a las desapariciones forzadas.
En 2020, la CNDH sostenía que este delito constituía un crimen de lesa humanidad y subrayaba la necesidad de cumplir con las obligaciones del Estado para prevenirlo y sancionarlo.
Un año después, ante el mismo comité, la titular del organismo reconocía la existencia de una crisis de desapariciones en México, así como limitaciones institucionales para atenderla, y llamaba a saldar la deuda con las víctimas.
Sin embargo, con el paso del tiempo, el discurso cambió. Entre 2025 y 2026, la Comisión comenzó a cuestionar las evaluaciones externas y advirtió sobre lo que consideró intentos de intervención por parte de organismos internacionales.
El punto de ruptura se dio en abril de 2026, cuando la CNDH descalificó las conclusiones del comité de la ONU, a las que calificó como parciales e injerencistas.
Además, el organismo acusó a algunas organizaciones civiles de beneficiarse del tema de derechos humanos y de influir en la visión del comité, señalando que no se han tomado en cuenta los esfuerzos realizados por el Estado mexicano en los últimos años.
La postura marca un contraste con la posición inicial de la Comisión, evidenciando un giro en su relación con instancias internacionales en materia de derechos humanos.
