El Departamento del Tesoro de Estados Unidos anunció sanciones contra dos casinos y tres personas señaladas de presuntamente colaborar con el Cártel del Noreste, organización que opera en la frontera entre México y Texas y que fue catalogada como terrorista por el gobierno estadounidense.
Entre los establecimientos sancionados se encuentra el Casino Centenario, el cual, según las autoridades, habría sido utilizado como punto para almacenamiento de drogas y lavado de dinero mediante actividades de juego. También fue incluido el Diamante Casino, vinculado operativamente con la empresa Comercializadora y Arrendadora de México.
De forma paralela, la Unidad de Inteligencia Financiera informó que presentó denuncias ante la Fiscalía General de la República por posibles delitos de lavado de dinero y faltas fiscales contra los involucrados. Asimismo, notificó a la Secretaría de Gobernación para proceder con la suspensión de actividades de los establecimientos señalados.
El gobierno estadounidense también ordenó el congelamiento de bienes de Eduardo Javier Islas Valdez, identificado como presunto operador de tráfico de personas en Nuevo Laredo; del abogado Juan Pablo Penilla Rodríguez, acusado de brindar apoyo legal a integrantes del grupo criminal; y del activista Jesús Reymundo Ramos, a quien se le atribuye presunta colaboración en campañas de desinformación.
De acuerdo con las autoridades, Penilla Rodríguez habría fungido como intermediario con la cúpula del grupo delictivo, mientras que Ramos, dirigente de una organización civil en Nuevo Laredo, ha sido señalado por presuntamente favorecer a integrantes del cártel mediante denuncias contra fuerzas de seguridad.
Estas acciones forman parte del endurecimiento de medidas por parte de Washington contra esta organización, considerada heredera de Los Zetas y vinculada a delitos como tráfico de drogas, armas y personas en la región fronteriza.
