La próxima visita del Alto Comisionado de la Organización de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Volker Türk, ha colocado al Estado mexicano bajo el escrutinio internacional frente a la creciente problemática de personas desaparecidas, caracterizada por miles de casos sin resolver, un elevado número de cuerpos sin identificar y altos niveles de impunidad.
Durante un foro organizado por la Universidad Iberoamericana, el jurista Santiago Corcuera advirtió que esta visita representa una oportunidad clave para que el gobierno reconozca la magnitud del problema y fortalezca su colaboración con organismos internacionales.
El especialista subrayó que, más allá de dimensionar la crisis, el reto principal es aceptar el apoyo del Comité contra la Desaparición Forzada para avanzar en soluciones graduales, en un contexto donde los casos continúan en aumento y las instituciones no han logrado resultados contundentes en la búsqueda e identificación de personas.
También alertó sobre el deterioro en materia forense, al señalar que el número de cuerpos sin identificar ha crecido de forma alarmante, superando las 70 mil personas, lo que refleja un rezago estructural en las capacidades del Estado. A esto se suma una impunidad casi total en los casos, lo que ha llevado a instancias internacionales a elevar el tema dentro del sistema de Naciones Unidas.
En el mismo espacio, familiares de víctimas compartieron testimonios sobre los riesgos que enfrentan al buscar a sus seres queridos. Javier Piña y María Tránsito Barajas relataron su experiencia tras la desaparición y posterior hallazgo sin vida de su hija, además de denunciar que la búsqueda en México puede implicar graves peligros, incluso mortales.
Los familiares señalaron omisiones por parte de las autoridades, asegurando que los avances en justicia han sido impulsados principalmente por la presión de las propias víctimas, ante la falta de acción institucional.
Desde la sociedad civil, representantes de organizaciones como Fundar Centro de Análisis e Investigación criticaron la respuesta del gobierno federal, al considerar que se ha minimizado la gravedad del fenómeno pese a la magnitud de las cifras.
Por su parte, especialistas en derechos humanos advirtieron que la desconfianza de las familias hacia las instituciones es resultado de años de falta de resultados, escasa transparencia y ausencia de información clara, lo que también dificulta dimensionar fenómenos relacionados como el desplazamiento forzado.
En este contexto, coincidieron en que el aumento de colectivos de búsqueda refleja tanto la gravedad de la crisis como la insuficiencia de las políticas públicas para atenderla, evidenciando que cada vez más familias se ven obligadas a organizarse ante la falta de respuestas oficiales.
