El caso del gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, ha abierto un intenso debate jurídico sobre si mantiene o no el fuero constitucional tras solicitar licencia temporal a su cargo, en medio de investigaciones por presuntos delitos federales.
Especialistas en derecho consultados coinciden en que la situación no es tan simple y depende de la interpretación legal del fuero. Por un lado, el abogado José Mario de la Garza sostiene que, con base en criterios previos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y en lo establecido por la Constitución, la aprobación de una licencia implica que el funcionario deja de ejercer el cargo, lo que podría traducirse en la pérdida de la inmunidad procesal. Bajo esta lógica, la Fiscalía General de la República estaría en condiciones de proceder penalmente en su contra.
Sin embargo, esta postura no es unánime. Otros expertos, como Walter Piñeiro Bertello, advierten que la licencia no rompe el vínculo jurídico con el cargo, ya que el gobernador sigue siendo titular del puesto aunque no lo esté ejerciendo temporalmente. Desde esta perspectiva, el fuero se mantiene intacto, lo que impediría que un juez pueda ordenar acciones penales en su contra, incluso ante solicitudes internacionales.
El debate también toca el procedimiento que debería seguirse en caso de delitos federales. De acuerdo con el marco constitucional, corresponde a la Cámara de Diputados determinar, mediante el proceso de desafuero, si un funcionario local puede ser sujeto a acción penal. Sin esta declaración de procedencia, cualquier intento de judicialización quedaría detenido.
Para algunos analistas, la solicitud de licencia podría interpretarse como una estrategia política más que jurídica, ya que permitiría al mandatario alejarse momentáneamente del foco público sin perder completamente la protección legal que le otorga su cargo.
El contexto se vuelve aún más delicado tras las acusaciones del Departamento de Justicia de Estados Unidos, que también involucran a otros funcionarios de Sinaloa. Ante esto, especialistas subrayan que el caso representa una oportunidad para que las instituciones mexicanas demuestren transparencia y apego al Estado de derecho.
En medio de interpretaciones encontradas, lo cierto es que la situación legal de Rocha Moya sigue sin resolverse de forma definitiva, dejando abierta la discusión sobre los alcances reales del fuero constitucional en México.
