Un Tribunal federal ratificó la sentencia absolutoria a favor de Israel Vallarta, decisión con la que el año pasado recuperó su libertad al determinarse que no existían pruebas suficientes para mantenerlo en prisión por los delitos que se le imputaban.
Vallarta fue liberado el 1 de agosto de 2025, luego de permanecer cerca de dos décadas en prisión tras ser acusado de secuestro agravado en agravio de seis personas, dentro del caso relacionado con la presunta banda conocida como “Los Zodiaco”. La resolución más reciente fue emitida por el Primer Tribunal Colegiado de Apelación del Segundo Circuito, con sede en Toluca, que resolvió por unanimidad confirmar el proyecto del magistrado Josué Osvaldo Garduño Sánchez, el cual respalda la sentencia dictada previamente por una jueza federal en el Estado de México.
Durante la sesión, los magistrados determinaron que el recurso de apelación presentado por la Fiscalía General de la República (FGR) era infundado, por lo que no procedía revertir la decisión que permitió la liberación del acusado.
La jueza de primera instancia había concluido que no se logró acreditar la responsabilidad penal de Vallarta en delitos como secuestro, delincuencia organizada, posesión de armas de uso exclusivo del Ejército y privación ilegal de la libertad.
Tras la liberación, la FGR anunció que buscaría impugnar la resolución al argumentar la existencia de otras investigaciones abiertas relacionadas con presuntos casos de secuestro, señalando que las víctimas no debían quedar en estado de indefensión.
En contraste, una de las víctimas identificadas en el caso, Ezequiel Elizalde, expresó su rechazo a la decisión judicial y calificó la absolución como un acto de injusticia, al sostener que sufrió un secuestro en 2005 y que ha mantenido su versión de los hechos desde entonces.
Elizalde afirmó que identificó a Vallarta y a otros presuntos integrantes del grupo criminal como responsables de su privación de la libertad, y consideró que la resolución judicial refleja fallas estructurales en el sistema de justicia mexicano.
El caso continúa generando posiciones encontradas entre autoridades, víctimas y defensores, en torno a uno de los procesos judiciales más polémicos de los últimos años en el país.
