Un tribunal federal de apelaciones permitió al gobierno del presidente Donald Trump reanudar la aplicación de deportaciones rápidas de migrantes indocumentados en todo Estados Unidos, no solo en zonas cercanas a la frontera, lo que representa un respaldo clave a su política migratoria.
La decisión fue tomada por un panel dividido de tres jueces del Tribunal de Apelaciones del Circuito del Distrito de Columbia, que anuló una orden previa de una corte inferior que había bloqueado temporalmente la ampliación del mecanismo de expulsión acelerada.
El gobierno estadounidense ha defendido esta medida como una herramienta esencial para agilizar las deportaciones, mientras que organizaciones de derechos civiles advierten que el proceso reduce garantías básicas como el debido proceso y aumenta el riesgo de errores.
La llamada expulsión acelerada permite deportar a personas sin una audiencia ante un juez migratorio, un mecanismo que anteriormente se aplicaba principalmente a migrantes detenidos cerca de la frontera o poco después de ingresar al país.
Tras la ampliación impulsada por Trump, el procedimiento comenzó a aplicarse a migrantes detenidos en el interior del país, incluidos algunos que acudían a cortes migratorias, lo que ha generado una serie de impugnaciones legales.
Aunque una jueza federal había frenado la expansión al considerar que existían riesgos de violaciones al debido proceso, el tribunal de apelaciones determinó que los demandantes no demostraron de forma suficiente que la medida impidiera notificación o audiencia adecuada.
El caso aún puede seguir escalando en el sistema judicial estadounidense.
