La administración de Donald Trump presentó una apelación para evitar que se ordene el reembolso generalizado de aranceles que fueron considerados ilegales, una medida que podría afectar principalmente a pequeñas empresas que pagaron esos impuestos y no iniciaron una demanda para recuperar su dinero.
Abogados del Gobierno estadounidense argumentan que el Tribunal de Comercio Internacional excedió sus facultades al ordenar a la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) devolver los aranceles cobrados bajo la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional (IEEPA) a todos los importadores afectados, incluidos aquellos que no participaron en los litigios.
El Gobierno presentó su apelación ante el Tribunal de Apelaciones del Circuito Federal y sostiene que la resolución del tribunal comercial contradice un fallo de la Corte Suprema de junio de 2025, relacionado con la ciudadanía por nacimiento, que estableció límites al alcance de las medidas cautelares universales.
El juez Richard Eaton, encargado de supervisar los litigios relacionados con los aranceles, ha sostenido que esas restricciones no son aplicables al caso. Sin embargo, el Gobierno considera que una orden que obliga a realizar reembolsos incluso a empresas que no forman parte de las demandas no puede mantenerse bajo el precedente establecido por la Corte Suprema.
Hasta ahora, la Oficina de Aduanas ya habría procesado y certificado alrededor de 100 mil millones de dólares en reembolsos. La disputa se concentra principalmente en las empresas cuyos procedimientos aduaneros ya fueron cerrados y que, por las reglas vigentes, ya no pueden solicitar directamente una devolución mediante el proceso administrativo.
Según los argumentos presentados por el Gobierno, esas compañías todavía pueden acudir a los tribunales para reclamar los recursos, siempre que lo hagan dentro del plazo legal establecido. El Tribunal de Comercio Internacional ya ha recibido cientos de demandas de importadores que buscan recuperar los pagos realizados.
La posibilidad de que cada empresa tenga que iniciar un proceso judicial ha generado preocupación entre especialistas, particularmente por el impacto que podría tener en negocios pequeños que no cuentan con los recursos para enfrentar un litigio.
Barry Appleton, profesor de Derecho y codirector del Centro de Derecho Internacional de la Facultad de Derecho de Nueva York, consideró que el Gobierno podría tener argumentos jurídicos sólidos en la apelación, pero advirtió que el mecanismo podría terminar perjudicando a empresas que desconocían que tenían derecho a recuperar los aranceles.
El especialista cuestionó que la devolución de recursos dependa de la capacidad de cada compañía para iniciar una demanda, especialmente cuando se trata de pequeñas empresas que difícilmente podrían asumir los costos y tiempos de un proceso judicial para recuperar cantidades que desconocían que les correspondían.
