La secretaria de Anticorrupción y Buen Gobierno, Raquel Buenrostro, presentó un informe sobre los contratos que seis empresas relacionadas con los hermanos José Alfredo y Raymundo Francisco Hernández Casillas recibieron de organismos electorales locales entre 2015 y 2025. Las adjudicaciones, según el desglose expuesto en Palacio Nacional, suman alrededor de 2 mil 740.4 millones de pesos.
Durante la conferencia encabezada por la presidenta Claudia Sheinbaum, la funcionaria señaló que las empresas Cajas Graf, Seriplast de México, Corporativo ZEG, Formas Finas y Materiales, Comercializadora JVLY y Formas Finas Fernando Fernández acumularon contratos durante casi tres décadas como proveedoras de los Organismos Públicos Locales Electorales (OPLE).
La presentación dividió el periodo en dos etapas. Para los años de 2015 a 2023, cuando Lorenzo Córdova encabezó el Instituto Nacional Electoral (INE) hasta la llegada de Guadalupe Taddei en 2023, se expusieron adjudicaciones por 2 mil 94 millones de pesos, mientras que para 2024 y 2025 se reportaron otros 646.3 millones.
Uno de los señalamientos de Buenrostro se refirió a la supervisión de las contrataciones durante la primera etapa. La secretaria indicó que 23 de los 32 organismos electorales locales otorgaron contratos a estas empresas y cuestionó la falta de lineamientos claros y mecanismos de vigilancia.
El desglose anual presentado muestra que 2021 concentró el mayor volumen de adjudicaciones, con 908 millones de pesos para Formas Finas y Materiales y Cajas Graf. En 2018, ambas compañías también figuraron entre las beneficiarias, con contratos por 321.8 millones; mientras que en 2016, Corporativo ZEG, Seriplast de México y Formas Finas y Materiales recibieron en conjunto 251.4 millones de pesos.
Para 2024, las empresas Corporativo ZEG, Comercializadora JVLY, Formas Finas y Materiales y Cajas Graf obtuvieron contratos por 582.4 millones de pesos. En 2025, Cajas Graf registró otros 63.9 millones.
La exposición también repasó los antecedentes empresariales de los hermanos Hernández Casillas. Según la cronología presentada por la secretaria, ambos comenzaron su trayectoria en la administración pública en 1983 y posteriormente desarrollaron compañías que se incorporaron como proveedoras de material electoral. Entre los antecedentes mencionados se encuentra un caso ocurrido en el Estado de México en 2005, relacionado con contratos que derivaron en la renuncia de siete consejeros electorales.
A partir de 2012 y 2013, sus empresas ampliaron su presencia en organismos electorales de entidades como Jalisco, Tabasco, Guerrero, Quintana Roo, Zacatecas e Hidalgo. Para el periodo 2024-2025, la presentación identificó contratos en 15 organismos electorales locales.
Cabe señalar que las cifras difundidas presentan una diferencia: el monto global atribuido al periodo 2015-2023 se reportó en distintos momentos como mil 957.8 millones y 2 mil 94 millones de pesos. Sin embargo, la suma de los importes del desglose anual de 2015 a 2023 asciende aproximadamente a 2 mil 94.1 millones. La discrepancia deberá aclararse para establecer con precisión los montos correspondientes a cada periodo.
