El Instituto Nacional Electoral (INE) de México aprobó el viernes otorgar al partido gobernante Morena y a sus aliados alrededor del 73% de los escaños en la Cámara de Diputados, a pesar de que la coalición obtuvo menos del 60% de los votos en las elecciones del 2 de junio. Esta decisión, que puede ser impugnada en tribunales, les proporcionaría la mayoría de dos tercios necesaria para realizar cambios constitucionales, permitiéndoles tener aproximadamente 364 de los 500 escaños en la cámara baja.
Algunos críticos argumentan que este fallo le daría a Morena un poder excesivo en el Congreso, superior al que obtuvieron en las urnas. La disputa se centra en una ley de representación proporcional que se diseñó para asignar escaños a partidos más pequeños según el porcentaje total de votos a nivel nacional, incluso si no ganaban distritos específicos. Morena parece haber eludido esta ley al «prestar» candidatos ganadores a sus aliados menores, como el Partido Verde y el Partido del Trabajo, quienes suelen votar en alineación con Morena.
El consejo general del INE dictó que las reglas de representación proporcional solo deben aplicarse a partidos individuales, sin considerar su efecto en coaliciones mayoritarias. Aunque Morena y sus aliados no lograron la mayoría de dos tercios en el Senado, solo les faltaron dos o tres escaños y podrían obtenerlos de un partido más pequeño.
Tanto el presidente saliente Andrés Manuel López Obrador como su sucesora Claudia Sheinbaum, miembro de Morena, se han comprometido a utilizar la mayoría de dos tercios para promover hasta 20 cambios constitucionales, incluyendo la elección popular de todos los jueces. Los críticos advierten que esto podría socavar la independencia del poder judicial y consolidar aún más el control del partido gobernante.
La propuesta ha generado preocupación entre inversionistas y entidades financieras. Morgan Stanley ha degradado su recomendación para invertir en México, citando un aumento del riesgo, mientras que Citibanamex advirtió que la reforma podría resultar en la «cancelación de la democracia liberal». El embajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar, también expresó inquietudes, señalando que los cambios propuestos representan un riesgo para la democracia mexicana y podrían afectar la relación comercial histórica entre ambos países.
Además, los tribunales federales están mayormente cerrados debido a una huelga de empleados judiciales que comenzó el lunes en protesta contra la reforma judicial. Entre las propuestas constitucionales impulsadas por Morena se incluye la eliminación de organismos independientes de regulación y supervisión, que el partido considera un gasto innecesario. Esta medida podría facilitar la aprobación de proyectos como el Tren Maya y la refinería de Dos Bocas, al eliminar obstáculos de supervisión y regulación.
López Obrador, quien dejará el cargo el 30 de septiembre, ha sido un firme defensor de sus proyectos y políticas, y Sheinbaum, la primera mujer presidenta electa de México, ha prometido continuar con estas políticas una vez que asuma el cargo.
