Una jueza federal en Cuernavaca, Martha Eugenia Magaña, ha emitido una orden para que la Cámara de Diputados no inicie la discusión del dictamen sobre reformas al Poder Judicial, previsto para este lunes. La suspensión provisional, dictada en el amparo 1251/2024, fue solicitada por cuatro jueces federales y prohíbe la discusión y votación del proyecto por parte de la nueva legislatura hasta que la jueza decida sobre la suspensión definitiva el 4 de septiembre.
Esta decisión podría ser apelada por la Cámara de Diputados ante un tribunal colegiado en Morelos, que tendría un plazo de 48 horas para emitir su resolución. También es posible que la Suprema Corte de Justicia se involucre en el caso.
El dictamen en cuestión propone la elección popular de jueces en el país, incluyendo Ministros de la Corte y magistrados del nuevo Tribunal de Disciplina Judicial, a partir de junio de 2025. Esta propuesta forma parte de un intento de Morena y sus aliados de implementar una reforma constitucional integral. La jueza Magaña ha aclarado que la suspensión se enfoca en el proceso legislativo, no en el contenido de la reforma.
Sin embargo, hay dudas sobre si los diputados acatarán la orden, ya que en casos anteriores, como la designación de comisionados del INAI, el Congreso ha desestimado suspensiones judiciales. Si esto sucede nuevamente, los jueces podrían denunciar un posible abuso de autoridad ante la FGR, aunque no ha habido acciones significativas en casos anteriores.
La jueza Magaña ha enfatizado la importancia de mantener la independencia judicial para el Estado de derecho y advirtió que no debe ser socavada por reformas constitucionales.
El abogado Diego Valadés Ríos, crítico de la reforma al Poder Judicial, consideró que la resolución carece de fundamento jurídico. De manera similar, el morenista Ricardo Monreal Ávila declaró que cualquier resolución de un juez o autoridad sobre el desempeño constitucional del Congreso es «inadmisible e improcedente», ya que violaría la Constitución y el principio de legalidad, además de invadir las facultades del Legislativo.
El expediente 1251/2024 muestra que el 29 de agosto se presentó un juicio de amparo contra el Presidente Andrés Manuel López Obrador y el Poder Legislativo, argumentando que el dictamen fue aprobado por la Comisión Permanente de la legislatura saliente, en violación del procedimiento legislativo.
La jueza aceptó la demanda al día siguiente y aclaró que la suspensión se centra en el procedimiento legislativo en curso, no en el contenido de la reforma. A pesar de ello, el fallo considera las posibles implicaciones del cambio constitucional.
En Chiapas, el Juez Tercero de Distrito de Amparo y Juicios Federales, Felipe V Consuelo, también otorgó una suspensión similar, solicitando un exhorto al Juzgado de Distrito en Materia Administrativa de la Ciudad de México y notificando a las autoridades responsables.
El dictamen de reforma prevé la elección por voto popular de todos los jueces del país, incluyendo en junio de 2025 a los Ministros de la Corte, magistrados del nuevo Tribunal de Disciplina Judicial y aproximadamente la mitad de los jueces y magistrados federales.
Legisladores de Morena revisan cambios
Recientemente, legisladores de Morena informaron que la reforma al Poder Judicial podría ser modificada antes de su aprobación final. En una reunión del grupo parlamentario, la diputada Olga Sánchez Cordero, exministra de la Suprema Corte, destacó la disposición para considerar diversas propuestas de modificación.
Sánchez Cordero mencionó que ha presentado varias propuestas enfocadas en mejorar los requisitos de idoneidad para jueces, magistrados y ministros que serán elegidos por voto directo. También señaló que el INE decidirá sobre el presupuesto una vez que la reforma sea aprobada, y que se definirá un calendario para las elecciones de los nuevos jueces.
Entre las propuestas de modificación se incluyen la solicitud de cartas de recomendación y la exigencia de un promedio específico para las postulaciones. El Diputado Leonel Godoy explicó que, aunque la reforma ya ha sido modificada más de 100 veces, se anticipan más reservas y ajustes durante el debate en el pleno.
«La idea es escucharnos, debatir y llegar a una propuesta unificada», dijo Godoy, destacando la cohesión de la bancada en el proceso.
