En un escenario donde la independencia judicial está en juego, la voz de la jueza Griselda Sáenz Horta, Jueza Primero de Distrito en Querétaro, ha emergido como un faro de resistencia frente a lo que considera un golpe directo a los principios democráticos del país.
En su reciente pronunciamiento, Sáenz Horta no solo agradeció la lucha de sus compañeros del Poder Judicial, sino que trazó una línea clara y firme entre lo que está en juego: el futuro de la justicia en México y el equilibrio entre los poderes de la República.
La reforma judicial aprobada por el Congreso de la Unión no es vista, bajo la mirada crítica de la jueza, como un avance hacia la modernización o mejora del sistema judicial.
Al contrario, en su discurso se subraya que esta modificación legislativa representa un claro retroceso que amenaza con destruir los pilares fundamentales que sostienen la democracia mexicana: la división de poderes y la autonomía del Poder Judicial.
Lo que hace que el pronunciamiento de Sáenz Horta resuene con tanta fuerza no es solo su contenido, sino su contexto.
En tiempos donde la polarización política está a la orden del día, la jueza se atreve a señalar directamente las maniobras que, a su juicio, están minando la integridad de las instituciones. Habla de un proceso legislativo «fraudulento» y «viciado», y acusa sin rodeos a los senadores de haber convertido dos siglos de luchas históricas en una «rebatinga de ofrecimientos y prebendas», en un claro intento por concentrar el poder en un solo actor.
Pero su crítica va más allá del presente. Sáenz Horta invoca a Mariano Otero, uno de los padres fundadores del juicio de amparo y defensor de las libertades frente a los abusos del poder.
Al hacerlo, nos recuerda que el Poder Judicial, históricamente, ha sido el último refugio frente a la arbitrariedad gubernamental. En un país donde la justicia ha sido vista, en muchos casos, como un mero trámite o una extensión del poder político, la jueza nos invita a reflexionar sobre el papel fundamental que jueces y magistrados desempeñan como garantes de los derechos humanos y las libertades.
El artículo décimo primero transitorio de la reforma, al prohibir la interpretación judicial de sus propios preceptos, es visto por la jueza como el golpe final a la independencia judicial. La lectura literal de la ley, sin posibilidad de interpretación, transforma al Poder Judicial en un mero espectador, incapaz de ejercer su función crítica frente a las decisiones del Ejecutivo y Legislativo.
Sáenz Horta advierte que esta reforma no solo vulnera el orden constitucional, sino que coloca a México en un peligroso camino hacia el autoritarismo.
No es casual que Sáenz Horta también denuncie la politización del proceso de selección de jueces federales, uno de los aspectos más alarmantes de la reforma. Al eliminar la meritocracia y convertir el nombramiento de jueces en un juego político, la reforma allana el camino para que las resoluciones judiciales estén alineadas con el oficialismo, en lugar de con la defensa de los derechos ciudadanos.
En este contexto, la jueza advierte que los intereses de la justicia quedarán subordinados a la supervivencia política, un riesgo demasiado alto para un país que aspira a fortalecer su democracia.
Al cerrar su pronunciamiento con una cita de Vicente Guerrero —»La patria es primero»— Sáenz Horta nos recuerda que la independencia judicial no es una cuestión técnica ni un asunto exclusivo de abogados.
Es un principio esencial para la protección de los derechos y libertades de todos los mexicanos. Su advertencia es clara: sin un Poder Judicial independiente, el equilibrio democrático se rompe, y con él, la capacidad del pueblo para defenderse de los abusos del poder.
Griselda Sáenz Horta se ha convertido, así, en una de las voces más firmes en la defensa de la independencia judicial en un momento crucial para México. Su pronunciamiento no solo es un llamado a la resistencia, sino una lección de historia, legalidad y principios democráticos.
En tiempos de reformas que prometen retrocesos, figuras como la de Sáenz Horta nos recuerdan que el verdadero progreso no puede construirse a costa de los derechos fundamentales. La justicia, como la democracia, es innegociable.
