Integrantes de las Comisiones Unidas de Administración y Procuración de Justicia y de Puntos Constitucionales de la LXI Legislatura del Estado de Querétaro sostuvieron una sesión de trabajo en la que se presentó la iniciativa promovida por el gobernador Mauricio Kuri González para modificar la Constitución estatal en materia judicial.
Durante la exposición se indicó que esta propuesta surge como parte de la armonización con la reforma federal publicada el 15 de septiembre de 2024, la cual establece que las entidades federativas deberán adecuar sus leyes para permitir la elección mediante voto ciudadano de quienes integran el Poder Judicial, proceso que deberá completarse a más tardar en el año 2027.
Entre los puntos principales, se plantea que tanto jueces como magistrados sean designados a través del sufragio libre y secreto, con periodos de nueve años y la posibilidad de una reelección en el caso de las judicaturas. Asimismo, se contempla que el Tribunal Superior de Justicia esté conformado por al menos 13 magistrados titulares y sus respectivos suplentes.
La iniciativa también propone nuevos lineamientos para quienes aspiren a ocupar estos cargos, como comprobar una residencia mínima de tres años en el estado antes de la elección, no haber ocupado ciertos cargos públicos recientemente y eliminar el requisito de edad como condición obligatoria.
Otro de los aspectos incluidos es la conformación de un órgano encargado de la administración judicial, integrado por cinco personas, además de representantes de colegios de abogados y universidades. Sus integrantes serían designados por el Poder Ejecutivo, el Congreso y el propio Tribunal Superior, con una duración en el cargo de seis años y sin opción de reelección.
Además, se plantea la creación de un Tribunal de Disciplina Financiera, cuyos miembros serían elegidos por la ciudadanía, con periodos de seis años y renovaciones escalonadas, sin posibilidad de repetir en el puesto.
El documento también establece que las percepciones de los magistrados no podrán ser mayores a las del titular del Poder Ejecutivo federal y prevé que quienes resulten electos en los comicios de 2027 asuman sus funciones el 1 de octubre de ese mismo año.
Como parte de las medidas para garantizar imparcialidad, se incluye la prohibición de participación de partidos políticos y funcionarios públicos en actividades proselitistas relacionadas con estos procesos. Asimismo, se busca impulsar mecanismos de justicia alternativa, con el objetivo de agilizar la resolución de conflictos y reducir la carga en los tribunales.
