El Senado de la República advirtió que la implementación de la legislación destinada a restringir a los deudores alimentarios presenta retrasos y omisiones en varias entidades del país, de acuerdo con un estudio del Instituto Belisario Domínguez (IBD).
Aunque el avance más visible ha sido la creación del Registro Nacional de Obligaciones Alimentarias (RNOA), aún falta información de Colima, Sinaloa y Sonora. El RNOA, establecido en la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes en mayo de 2023, concentra los datos de deudores a nivel nacional y es administrado por el Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia (SNDIF). Este registro emite un Certificado de No Inscripción necesario para diversos trámites, como obtención de pasaporte, licencias de conducir, participación en elecciones, contratos ante notario y solicitudes de matrimonio.
El estudio del Senado señala que los Congresos locales y los tribunales superiores debían armonizar su legislación en un plazo de 120 días hábiles, pero hasta noviembre de 2025 solo Nuevo León había completado los cambios requeridos. Además, solo ocho entidades han incorporado el certificado del RNOA como requisito para todos los cargos de gobierno y elección popular, mientras que otras lo aplican de manera parcial, y algunas aún no cumplen con lo establecido en la Constitución.
El Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares (CNPCF), promulgado en junio de 2023, prevé medidas como la inscripción automática de deudores morosos, el embargo de bienes, la retención de pensiones por parte de los empleadores y la posible retención de pasaportes para impedir la salida del país. Sin embargo, la declaratoria formal de su vigencia solo se ha emitido en la Ciudad de México; en el resto del país el proceso continúa en marcha.
El análisis concluye que, para garantizar plenamente el derecho a la alimentación de niñas, niños y adolescentes, es indispensable acelerar la armonización legislativa en los estados que aún no han concluido el proceso.
