El gobierno de México anunció que a partir de marzo iniciará el proceso nacional de credencialización del Servicio Universal de Salud, una estrategia con la que se busca garantizar el acceso efectivo a la atención médica en cualquier institución pública del país y avanzar hacia la consolidación de un solo sistema de salud.
La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo detalló que la credencialización se llevará a cabo de marzo a diciembre de este año, como la primera etapa de un proyecto de mayor alcance que continuará fortaleciéndose en los próximos años.
“En los siguientes años, evidentemente, vamos a seguir fortaleciendo los tres sistemas de salud”, afirmó la mandataria, al subrayar que el objetivo de su administración es que todas y todos los mexicanos cuenten con una credencial que les permita acceder a servicios médicos sin enfrentar barreras administrativas.
Sheinbaum explicó que este proceso implicará un esfuerzo de digitalización sin precedentes en el sector salud, con una inversión aproximada de 3 mil 500 millones de pesos. Señaló que la modernización tecnológica será clave para mejorar la calidad, continuidad y eficiencia en la atención médica. “Tener digitalizado es un sueño que no solo tiene la Presidenta, sino todos los mexicanos”, expresó.
La presidenta puntualizó que la credencialización representa el primer paso para la construcción del sistema universal de salud. Posteriormente, se avanzará en los mecanismos financieros que permitirán la interoperabilidad entre instituciones.
Como ejemplo, indicó que si una persona derechohabiente del ISSSTE decide atenderse en una unidad del IMSS, el sistema deberá realizar una compensación a la institución que brinde el servicio, con el fin de evitar desbalances presupuestales y garantizar la sostenibilidad del modelo.
En este contexto, el subsecretario de Integración Sectorial y Desarrollo de la Secretaría de Salud, Eduardo Clark García Dobarganes, explicó que la credencial del Servicio Universal de Salud contará con dos modalidades: física y digital.
Ambas versiones estarán diseñadas para garantizar el derecho constitucional a la salud y facilitar la atención médica de la población, independientemente de la institución a la que estén afiliadas las personas usuarias.
