Dionicio Emanuel Álvarez, quien se desempeñó como director del Fideicomiso Lago de Tequesquitengo durante la administración de Cuauhtémoc Blanco entre 2018 y 2024, fue presentado ante un juez de Control para enfrentar acusaciones por peculado agravado y ejercicio abusivo de funciones.
El exservidor público fue detenido por elementos de la Fiscalía Anticorrupción alrededor de las 17:00 horas en el municipio de Cuautla. Posteriormente permaneció en las instalaciones de dicha fiscalía hasta las 21:00 horas, cuando fue trasladado bajo un fuerte dispositivo de seguridad integrado por militares, policías preventivos y agentes de investigación criminal.
Álvarez era buscado por las autoridades desde 2025. En marzo de ese año, personal de la Fiscalía Anticorrupción cateó un inmueble que habitó en Cuernavaca, donde se localizaron restos óseos humanos, rastros de sangre y un altar vinculado al Palo Mayombe, lo que generó mayor atención en torno a su caso.
Las investigaciones iniciales lo relacionan con la venta irregular de predios ubicados en el circuito del Lago de Tequesquitengo, algunos de los cuales habrían sido adquiridos por políticos, diputadas federales y servidores públicos cercanos al exgobernador. De manera preliminar, se estima que el exfuncionario habría desviado alrededor de 20 millones de pesos durante su gestión como tesorero municipal de Cuautla.
De acuerdo con las indagatorias, los hechos que se le imputan incluyen la presunta malversación de recursos destinados a programas sociales y la simulación de pagos por servicios que no se habrían realizado. Además, las autoridades lo vinculan con el manejo irregular de predios y con el almacenamiento de grandes cantidades de fertilizante en bodegas pertenecientes a su familia, en el sur del estado.
La Fiscalía Anticorrupción informó que la orden de aprehensión fue cumplimentada mediante un operativo coordinado entre instancias estatales y federales que integran la Mesa de Coordinación Estatal para la Construcción de Paz y Seguridad, como parte de las acciones para combatir la corrupción y reforzar el Estado de derecho.
