Más de ocho de cada diez habitantes de Tapachula, en la frontera sur de México, reportan sentirse inseguros, posicionando a la ciudad como la quinta más insegura del país. Según la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana (Ensu), el 84.7% de los residentes perciben inseguridad, un dato que supera el promedio nacional del 59.4%.
La creciente percepción de inseguridad en Tapachula se debe, en gran parte, a las disputas entre cárteles del narcotráfico, lo que ha llevado al desplazamiento de cientos de mexicanos hacia Guatemala. Desde julio, al menos 400 ciudadanos de Chiapas han huido hacia Guatemala, de acuerdo con la canciller mexicana Alicia Bárcena.
Además, Tapachula enfrenta una crisis migratoria significativa. Entre enero y mayo, el gobierno mexicano interceptó un récord de casi 1.4 millones de migrantes irregulares, lo que representa un aumento del 650% en comparación con el año anterior. El presidente Andrés Manuel López Obrador ha reconocido el impacto de los grupos criminales en Chiapas, especialmente en el reclutamiento forzado de jóvenes.
El empresario Fidel Aguilar describe la situación como “grave e incontrolable”, señalando que el ambiente de peligro constante impide a los habitantes realizar actividades cotidianas sin temor a ser víctimas de crímenes.
La inseguridad también afecta a los migrantes que transitan por la región. Inesta Pérez, una venezolana que viaja con cinco niños y nueve adultos, ha enfrentado dificultades y robos durante su travesía, especialmente en los países centroamericanos. Luis Rey García Villagrán, director del Centro de Dignificación Humana, critica la falta de acción de los gobiernos de México y Guatemala, afirmando que los desplazados son miles y no cientos, y atribuye la situación a la ineficacia y complicidad gubernamental.
