La Auditoría Superior de la Federación (ASF) puso en marcha, por primera vez, un mecanismo de colaboración con informantes clave para fortalecer sus investigaciones sobre posibles irregularidades en las contrataciones públicas de autoridades electorales.
El programa, denominado Reducción de Sanciones para Informantes en Investigaciones, contempla la participación confidencial de personas que pueden aportar datos y pruebas a cambio de obtener una disminución en las sanciones que pudieran corresponderles.
Mediante este esquema, el organismo encabezado por Aureliano Hernández Palacios Cardel ha reunido información relacionada con una presunta red de corrupción en contratos del Instituto Nacional Electoral (INE), otorgados a distintas empresas que estarían vinculadas con personas cercanas a la consejera presidenta Guadalupe Taddei Zavala.
Entre las evidencias entregadas se encuentran testimonios, documentos, fotografías, videos, registros financieros, domicilios, conversaciones de WhatsApp y datos sobre personas que presuntamente participaron en las operaciones investigadas.
La información recabada también apunta a que los beneficiarios finales de algunas empresas habrían intervenido directamente en la selección de proveedores, lo que podría evidenciar mecanismos de influencia en los procesos de contratación.
Como parte de los avances, la ASF presentó un esquema que identifica tres componentes centrales de las posibles irregularidades: empresas fachada, beneficiarios finales y servidores públicos presuntamente involucrados tanto en el INE como en los Organismos Públicos Locales Electorales (OPLE).
La colaboración con informantes busca ampliar el alcance de las indagatorias y reunir elementos que permitan esclarecer cómo habrían funcionado estas operaciones durante varios años.
