Las revisiones realizadas por la Auditoría Superior de la Federación (ASF) al manejo de recursos destinados al sistema educativo han revelado irregularidades millonarias relacionadas con el pago de nóminas, incluyendo transferencias a trabajadores fallecidos, empleados no identificados en sus centros laborales y personal que no desempeñaba funciones frente a grupo.
De acuerdo con los informes de fiscalización, desde 2018 se han documentado anomalías recurrentes en el uso de recursos provenientes del Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo (FONE), mecanismo mediante el cual el gobierno federal financia salarios y gastos de operación del sector educativo en las entidades federativas.
Las observaciones realizadas por la ASF apuntan a un patrón que se ha repetido durante varios ejercicios fiscales y que ha generado afectaciones al erario por montos cercanos a los mil millones de pesos a nivel nacional.
Entre los hallazgos más relevantes se encuentran pagos realizados a trabajadores que ya habían fallecido. Para los años fiscales 2019 y 2020, la auditoría identificó que 21 estados efectuaron transferencias por más de 156 millones de pesos a favor de personas registradas como docentes o empleados educativos que ya no se encontraban con vida.
Las investigaciones determinaron la existencia de más de 27 mil pagos considerados improcedentes, distribuidos entre más de cuatro mil trabajadores fallecidos en distintas entidades del país. Tan solo en 2020, el monto observado por este concepto superó los 107 millones de pesos.
Los reportes también señalan que algunas administraciones estatales no lograron acreditar el destino de parte de los recursos observados. Entre los casos señalados aparecen Oaxaca y Michoacán, donde permanecieron pendientes de aclaración varios millones de pesos relacionados con este tipo de pagos.
Uno de los casos más relevantes se registró en Oaxaca durante el ejercicio fiscal de 2022. Según los resultados de la fiscalización, esa entidad concentró la mayor parte de las observaciones nacionales relacionadas con el FONE.
Ese año, el monto total observado en todo el país ascendió a más de 180 millones de pesos, de los cuales alrededor de 157 millones correspondieron a Oaxaca, equivalente a cerca del 87 por ciento del total detectado por la ASF en las entidades auditadas.
Entre las irregularidades identificadas se encuentran pagos considerados improcedentes en nóminas federales, trabajadores que no pudieron ser localizados en los planteles educativos asignados y recursos entregados a personas fallecidas.
Las auditorías indican que únicamente una pequeña parte de los recursos observados fue reintegrada a las arcas públicas, mientras que una cantidad significativa permaneció pendiente de aclaración al cierre de las revisiones.
Los informes de la ASF forman parte de los mecanismos de supervisión que buscan garantizar el uso adecuado de los recursos públicos destinados a la educación y detectar posibles irregularidades en la administración de fondos federales transferidos a los gobiernos estatales.
