La Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) alertó que la autocensura entre periodistas ha crecido de manera significativa, llegando al 63%, con un incremento aproximado de 5% anual. El informe “Tendencias mundiales en libertad de expresión y desarrollo de los medios de comunicación 2022-2025” revela además que la libertad de expresión global ha caído 10% desde 2012, mientras que los gobiernos han reforzado medidas de control sobre los medios en 48% de los casos.
Durante 2024, se documentó que 361 periodistas fueron encarcelados, y más de 310 perdieron la vida en los últimos tres años y medio, de los cuales 85% de los asesinatos siguen sin resolverse. Desde 2010, 46 periodistas ambientales han sido asesinados, con apenas seis condenas a nivel mundial.
El estudio también denuncia la violencia sistemática contra las mujeres periodistas. Desde 2022, 24 comunicadoras fueron asesinadas y 73% de las mujeres en el periodismo reportó ataques en línea. Cuatro de cada diez sufrieron acoso sexual verbal o físico, aunque sólo una de cada cinco lo denunció. La UNESCO destacó que el acoso digital se ha convertido en un frente principal de violencia de género, destinado a aislarlas y restringir su participación en el espacio público.
El informe señala que la persecución política, las amenazas del crimen organizado y otros actores corruptos, así como la escalada de conflictos, han obligado a numerosos periodistas al desplazamiento interno o al exilio. Desde 2018, cerca de 913 profesionales de América Latina y el Caribe se han visto obligados a trasladarse a otros países para proteger su seguridad y la de sus familias.
La UNESCO advirtió que la expansión de la desinformación y del discurso de odio está socavando la confianza en los medios y en las instituciones democráticas, mientras que periodistas son silenciados mediante violencia, intimidación, exilio o autocensura, generando “zonas de silencio” en las que no se exigen responsabilidades.
Asimismo, la organización destacó que muchos gobiernos han utilizado leyes sobre delitos informáticos, calumnias, difamación o insultos para restringir el periodismo y proteger a funcionarios públicos de críticas, legitimando incluso la vigilancia y el espionaje. Actualmente, 160 Estados miembros mantienen legislaciones que penalizan la difamación, representando una amenaza constante para la libertad de prensa.
El informe también documenta casos donde periodistas fueron acusados de delitos como extorsión, evasión fiscal o lavado de dinero, en situaciones relacionadas con investigaciones que ellos mismos realizaban. Por último, se subraya cómo las campañas de odio, combinadas con desinformación, han creado un “paquete tóxico” de mentiras, negaciones y llamados a la violencia, afectando la cobertura mediática y la participación ciudadana, con autores que van desde políticos hasta influencers y líderes religiosos.
