El gobierno federal determinó mantener bajo reserva durante cinco años, hasta 2030, toda la información relacionada con el operativo y la contratación de las vallas metálicas instaladas para resguardar Palacio Nacional durante la movilización de integrantes de la Generación Z, realizada el pasado 15 de noviembre en la Ciudad de México, jornada en la que se registraron actos violentos.
A través de una respuesta a la solicitud de información 34100100079525, el Comité de Transparencia de la Presidencia de la República justificó la decisión al señalar que hacer públicos los detalles del contrato denominado Servicio Integral de Protección y Resguardo con Barricadas Anti-Motín podría poner en riesgo la seguridad nacional y la estabilidad social.
El organismo sostuvo que la difusión de datos técnicos, costos o alcances del operativo generaría un escenario de vulnerabilidad para la presidenta Claudia Sheinbaum, su familia, funcionarios cercanos y personal de seguridad, al considerar que dicha información podría ser utilizada para planear un ataque contra la titular del Ejecutivo federal.
De acuerdo con el resolutivo, revelar esos elementos representaría un riesgo “real, demostrable e identificable” para bienes jurídicos como la vida, la integridad física, la libertad y la seguridad, no solo de la mandataria, sino también de quienes integran su entorno inmediato, lo que impactaría directamente en la seguridad pública y la defensa nacional.
La reserva de la información se da en el contexto de la protesta del 15 de noviembre, en la que se reportaron saqueos, daños a infraestructura pública y a comercios privados, así como un saldo de al menos 120 personas lesionadas y más de 20 detenidos, según los reportes oficiales.
