La bancada del Partido Verde Ecologista de México en la Cámara de Diputados presentó una iniciativa para que la explotación financiera en contra de personas adultas mayores sea considerada un delito y se sancione con penas de hasta ocho años de prisión.
La propuesta fue impulsada por la diputada Azucena Huerta Romero y plantea reformas al Código Penal Federal y a la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores, con el objetivo de reforzar la protección de los derechos económicos de quienes tienen 65 años o más.
El proyecto, que fue turnado a las comisiones de Justicia y de Atención a Grupos Vulnerables, contempla la creación de un nuevo capítulo en el Código Penal Federal bajo la figura de “Explotación Financiera de Adultos Mayores”. En él se establece que incurre en este delito quien, aprovechándose de una relación de parentesco, tutela, trabajo, confianza o cualquier vínculo que genere dependencia o superioridad, disponga o se apropie indebidamente de recursos, bienes o pensiones de una persona adulta mayor, sin su consentimiento libre e informado, ya sea para beneficio propio o de terceros.
De aprobarse, la sanción sería de cuatro a ocho años de prisión, además de multas de entre 200 y 500 días. La pena se incrementaría hasta en una mitad cuando la víctima tenga alguna discapacidad o condición que limite su capacidad para comprender el hecho o defenderse, y se establece que el delito será perseguido de oficio.
La iniciativa también propone modificaciones a la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores para incorporar obligaciones específicas a las instituciones financieras, tanto públicas como privadas. Entre ellas se incluye la simplificación de trámites para el cobro de pensiones y otros servicios financieros, así como la implementación de protocolos para detectar y reportar movimientos financieros inusuales o sospechosos en cuentas de personas adultas mayores ante la Fiscalía General de la República, garantizando la protección de datos personales.
El documento legislativo señala que, de acuerdo con datos del Inegi, en 2021 el 4.7 por ciento de las mujeres de 60 años o más reconocieron haber sufrido violencia económica por parte de algún familiar. A ello se suman cifras de la Condusef, que indican que el 63 por ciento de las reclamaciones presentadas por adultos mayores ante instituciones bancarias estarían relacionadas con posibles fraudes.
La diputada argumenta que el marco legal vigente resulta insuficiente para atender este problema, ya que el delito de abuso de confianza, la figura penal más cercana, se persigue únicamente por querella, lo que dificulta su aplicación en estos casos.
El texto subraya que resulta inviable exigir a una persona adulta mayor, que muchas veces depende física, emocional o económicamente de su agresor, denunciar formalmente a un hijo o nieto. El temor al abandono, a represalias o a la violencia, así como la vergüenza, suelen impedir que las víctimas acudan a las autoridades.
Por ello, la propuesta sostiene que es necesario cerrar este vacío legal y que la persecución de oficio representa una medida con perspectiva de género, orientada especialmente a proteger a mujeres adultas mayores que actualmente no tienen condiciones para denunciar los abusos de los que son víctimas.
