La diputada federal Laura Irais Ballesteros Mancilla, de Movimiento Ciudadano, propuso modificar la Ley Nacional de Ejecución Penal para asegurar que las personas privadas de la libertad que viven con VIH puedan recibir de manera continua sus tratamientos médicos.
La iniciativa plantea reformar el artículo 9 de la legislación para establecer la obligación de las autoridades penitenciarias de proporcionar estudios, medicamentos, consultas y los servicios necesarios para garantizar una atención integral. También contempla señalar expresamente que estar en prisión no puede ser utilizado como argumento para suspender, retrasar o interrumpir de manera injustificada un tratamiento médico.
En la exposición de motivos se señala que las infecciones de transmisión sexual han mantenido una tendencia al alza en México, particularmente después de la pandemia. El documento refiere que durante 2025 se detectaron más de 10 mil 700 nuevos casos de VIH, con una mayor incidencia entre personas de 15 a 29 años y otros grupos considerados de mayor riesgo. Además, advierte que podría existir un subdiagnóstico debido a que algunas infecciones pueden avanzar sin presentar síntomas.
La propuesta cita datos de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, según los cuales las personas privadas de la libertad tienen alrededor de 7.2 veces más probabilidades de vivir con VIH que la población general. A nivel mundial, aproximadamente 4.6 por ciento de la población penitenciaria vive con el virus.
Ballesteros Mancilla sostuvo que quienes viven con VIH dentro de los centros penitenciarios pueden enfrentar obstáculos para acceder oportunamente a sus medicamentos, además de condiciones de estigma y discriminación que dificultan su atención.
El proyecto también retoma el criterio de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, que establece que el hecho de vivir con VIH o sida no debe ser motivo para limitar derechos.
La iniciativa fue enviada a la Comisión de Justicia de la Cámara de Diputados, donde será analizada y, en su caso, dictaminada. Por el momento, la propuesta no constituye una reforma aprobada.
