En los primeros cuatro meses de 2025, México ha registrado 5 mil 147 desapariciones, lo que representa un promedio de 42 personas desaparecidas al día, un incremento del 26% en comparación con el mismo periodo de 2024. El Estado de México lidera la lista con 801 personas desaparecidas, seguido por la Ciudad de México con 697, Puebla con 481, Sinaloa con 338 y Michoacán con 334.
El Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas (RNPDNO) detalla que 70.45% de los desaparecidos son hombres, mientras que 29.49% son mujeres. Marzo fue el mes con más desapariciones, alcanzando un total de mil 456 casos.
Los jóvenes entre 15 y 19 años son los más afectados, con 945 desapariciones, seguidos por los de 20 a 24 años con 644 y los de 25 a 29 años con 638. Este grupo etario, que incluye tanto a hombres como a mujeres, presenta la mayor incidencia de desapariciones.
Además de las víctimas mexicanas, se reportan desapariciones de personas originarias de otros países, como Estados Unidos, Colombia, Venezuela y varios países más. En total, se han registrado desapariciones de personas originarias de 14 naciones.
La organización Causa en Común destacó que en los primeros tres meses del año, en 11 entidades del país se registraron más desapariciones que homicidios. En la Ciudad de México, por ejemplo, hubo 581 desapariciones frente a 242 homicidios, y en el Estado de México, 611 desapariciones en comparación con 481 homicidios.
Desde que inició el gobierno de Claudia Sheinbaum, se han registrado al menos 8 mil 551 personas desaparecidas y el hallazgo de 155 fosas clandestinas. Causa en Común ha documentado estos hechos a través de informes como «Galería del Horror».
El Comité contra la Desaparición Forzada de la ONU ha llamado al gobierno mexicano a rendir cuentas sobre la situación, pero la respuesta del gobierno ha sido descalificar al organismo y proponer acciones que, según Causa en Común, no abordan de manera efectiva la situación, como el fortalecimiento de las fuerzas policiales y las fiscalías.
La organización señala que el gobierno está desviando la atención al control de datos biométricos y propone que se revierta la militarización y se destinen recursos a programas que fortalezcan las instituciones encargadas de investigar y prevenir las desapariciones. También sugiere la necesidad de fortalecer la autonomía de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) y reformar la ley para mejorar el funcionamiento de la Comisión Nacional de Búsqueda.
