Un operativo de fuerzas estatales y federales contra el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) dejó 12 presuntos integrantes detenidos y provocó bloqueos y quema de vehículos en distintos puntos de Michoacán y Jalisco.
Las primeras nueve capturas se realizaron durante la madrugada y, por la tarde, las autoridades confirmaron otras tres, con lo que el número de detenidos ascendió a 12. Entre ellos se encuentran Marisol “N” y Lourdes “N”, identificadas como hija y pareja sentimental, respectivamente, de Heraclio Guerrero Martínez, alias “Tío Lako”, señalado como líder regional del CJNG y quien logró escapar del operativo.
El despliegue comenzó en la localidad de Tinaja de Vargas, municipio de Tanhuato, considerada tierra natal de “Tío Lako”. Las autoridades presumen que el líder criminal era uno de los objetivos principales de la intervención.
Tras las acciones, alrededor de las 6:00 horas comenzaron los reportes de bloqueos y vehículos incendiados en diferentes carreteras. El C5i de Michoacán registró afectaciones en al menos 26 puntos de las regiones de Zamora, La Piedad, Zacapu, Pátzcuaro y Jiquilpan, además de La Barca y Ocotlán, en Jalisco.
Camiones de carga, tráileres y vehículos particulares fueron utilizados para obstruir las vialidades, mientras que las autoridades implementaron un operativo para recuperar la circulación. Cerca de las 16:00 horas se informó que los principales tramos carreteros habían sido liberados y que la situación había quedado bajo control.
Durante la jornada también se reportó la muerte de un civil sobre la Autopista de Occidente, cuando viajaba de Guadalajara hacia Morelia. La víctima fue identificada como Ricardo Virgen Becerra, de 38 años, quien habría recibido varios disparos.
Como parte del operativo, las autoridades aseguraron dos inmuebles, 64 vehículos —uno de ellos blindado—, una ametralladora calibre .50, cuatro ametralladoras Minimi calibre 5.56 milímetros, además de otros armamentos y equipo relacionado con las actividades del grupo criminal.
Los detenidos fueron puestos a disposición de las autoridades ministeriales, que continuarán con las investigaciones para determinar su posible responsabilidad en los hechos y definir su situación jurídica.
