Organizaciones internacionales de derechos humanos han presentado una demanda ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), pidiendo que esta ordene al gobierno de El Salvador liberar a los inmigrantes venezolanos deportados desde Estados Unidos y actualmente retenidos en una prisión de máxima seguridad en el país centroamericano.
En marzo, el gobierno de EE.UU. deportó a más de 200 inmigrantes venezolanos, presuntamente vinculados con la pandilla Tren de Aragua, y los envió a El Salvador, con el pago del gobierno estadounidense para que fueran encarcelados. Desde su deportación, los detenidos no han tenido acceso a abogados ni la posibilidad de comunicarse con sus familias, y no ha habido información clara sobre cómo podrán recuperar su libertad.
Bella Mosselmans, directora del Consejo Global de Litigios Estratégicos, que forma parte de las organizaciones que presentaron la demanda, expresó que la detención de estos migrantes es ilegal, calificándola como un régimen de desaparición forzada patrocinado por el Estado. Mosselmans instó a la CIDH a intervenir, señalando que este caso podría presionar a El Salvador para que implemente salvaguardias legales básicas.
El Salvador se encuentra en un estado de emergencia desde hace más de tres años, lo que ha suspendido ciertos derechos fundamentales y ha otorgado al presidente Nayib Bukele poderes extraordinarios. Durante este período, más de 85,000 personas han sido arrestadas bajo sospecha de tener vínculos con las pandillas del país.
Aunque Bukele ha ganado apoyo interno por su política de seguridad, las críticas internacionales continúan debido a la falta de debido proceso y la realización de arrestos arbitrarios. A pesar de esto, el presidente ha desestimado a los críticos, llamándolos defensores de criminales.
El gobierno de EE.UU. bajo la presidencia de Donald Trump adoptó una postura dura contra la inmigración, lo que ha influido en la negativa de ambos gobiernos a actuar en favor de la liberación de los detenidos. Sin embargo, esta semana un juez en Washington ordenó que el gobierno estadounidense proporcione más información sobre el acuerdo carcelario con El Salvador y avance en la exigencia de que los detenidos sean devueltos a EE.UU.
Los grupos de derechos humanos esperan que la CIDH acepte la petición de medidas cautelares, que incluyen permitir que los detenidos se comuniquen con sus familias, tengan acceso a asesoría legal y sean regresados a EE.UU. La CIDH ha solicitado una respuesta de El Salvador antes de tomar una decisión, pero se espera que actúe rápidamente en este caso de emergencia.
