El Consejo de la Judicatura Federal (CJF) investiga al ministro en retiro Arturo Zaldívar Lelo de Larrea y a excolaboradores cercanos por presuntamente vulnerar la autonomía e independencia del Poder Judicial de la Federación (PJF) al presionar, amenazar, extorsionar y prometer beneficios económicos y políticos a jueces y magistrados para que resolvieran casos en beneficio de intereses personales y de terceros, entre 2019 y 2022.
Derivado de una denuncia anónima, presentada el pasado 9 abril, la presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Norma Lucía Piña Hernández, ordenó la indagatoria correspondiente en la Unidad General de Investigación de Responsabilidades Administrativas del CJF, a la que le otorgó las más amplias facultades a efecto de que se recaben los medios probatorios que resulten necesarios para deslindar responsabilidades de carácter administrativo. Sin embargo, en el caso del extitular de la Corte, el Consejo de la Judicatura Federal carece de competencia para investigar y, en su caso, sancionar los hechos que se le imputan.
Como titular del CJF, entre 2019 y 2022, Zaldívar Lelo de Larrea presuntamente se confabuló con el exconsejero Jurídico del Ejecutivo federal, Julio Scherer Ibarra, para atentar contra la autonomía del PJF y de los jueces y magistrados.
Según la denuncia con el folio 2687, el titular de la Corte ejerció presión sobre jueces y magistrados, a través de su exsecretario general de la presidencia del CJF, Carlos Antonio Alpízar Salazar, con el objeto de que resolvieran a favor de sus intereses, y para ello prometieron beneficios políticos, económicos, adscripciones favorables, ratificaciones en el cargo y hasta dinero.
“Las áreas del Consejo más usadas para presionar a jueces y magistrados fueron la Secretaría Ejecutiva de Disciplina, entonces a cargo del magistrado Jaime Santana Turral; la Unidad General de Investigación de Responsabilidades Administrativas y la entonces Contraloría del Poder Judicial, cuya titular era Arely Gómez González, ello a través de amenazas de declarar a los titulares culpables de responsabilidades administrativas, usando quejas existentes o inventando algunas”, se señala en el documento.
Alpízar Salazar es señalado de corrupción, extorsión, desvío de recursos, violencia sexual y de género, acoso contra jueces y magistrados, y subordinación a un Poder distinto al Judicial federal.