Más de 200 colectivos dedicados a la búsqueda de personas desaparecidas en México denunciaron que los distintos niveles de gobierno no solo han fracasado en combatir la violencia y el crimen organizado, sino que han contribuido a su expansión, tolerando y facilitando su operación, lo que ha incrementado tanto los delitos como el número de víctimas.
A través de un comunicado, señalaron que independientemente del cambio de administraciones, la actitud oficial ha sido la misma: minimizar los crímenes de lesa humanidad, criminalizar a las víctimas y sus familias, aparentar que buscan justicia, y al mismo tiempo negarles verdad y reparación.
Cuestionaron las acciones del gobierno encabezado por la presidenta Claudia Sheinbaum, acusándolo de ofrecer promesas vacías y reformas ineficaces que no representan una verdadera estrategia para frenar la crisis de desapariciones en el país.
Indicaron que una muestra de voluntad real para enfrentar esta tragedia sería reestructurar a fondo la Fiscalía General de la República e iniciar procesos legales contra quienes han sido responsables de llevar a México a esta situación alarmante en materia de derechos humanos.
Los colectivos también exigieron una transformación profunda en los sistemas de atención a víctimas, búsqueda y derechos humanos, y la destitución de funcionarios involucrados en violaciones graves. Subrayaron que solo con verdad y justicia será posible superar la crisis humanitaria y del Estado.
Organizaciones como Fuerzas Unidas por Nuestros Desaparecidos en Coahuila y en México, así como colectivos de Nuevo León, Guanajuato y otras entidades, recordaron que, según cifras oficiales, cada día desaparecen en promedio 47 personas en el país. Resaltaron que esta impunidad ha convertido las desapariciones en un crimen “perfecto”, como lo ha calificado el Comité de la ONU contra la Desaparición Forzada (CED).
También denunciaron que en varias regiones del país el control ha sido tomado por grupos delictivos, muchas veces en complicidad o con la tolerancia de las autoridades. Aunque el gobierno no ordena directamente las desapariciones, afirmaron que su permisividad lo vuelve cómplice y responsable de estos actos.
Los colectivos acusaron al Estado mexicano de despreciarlos e ignorarlos, y de justificar las desapariciones por razones políticas. Además, lo responsabilizaron por no garantizar seguridad ni justicia, perpetuar la impunidad y mentir ante la comunidad internacional.
A pesar de los obstáculos, expresaron que seguirán luchando por los derechos de sus seres queridos, incluidos los miles de migrantes y solicitantes de asilo que han desaparecido en su tránsito por México.
Criticaron que tanto administraciones pasadas como la actual han simulado esfuerzos sin realizar cambios reales. Afirmaron que no se ha querido fortalecer ni a las fiscalías ni a las comisiones de búsqueda, y que han sido sometidos a un desgaste constante en reuniones inútiles que no les han permitido hallar a sus desaparecidos.
Finalmente, celebraron que el CED haya activado el Artículo 34 de la Convención Internacional contra las Desapariciones Forzadas, lo que permitirá que la comunidad internacional intervenga ante la grave situación en México. Señalaron que el Comité ha confirmado que el país vive un patrón sistemático de desapariciones, muchas veces cometidas directamente por autoridades como policías y militares, sin que hasta ahora se haya ofrecido una respuesta efectiva por parte del Estado mexicano.
