Organizaciones defensoras de derechos humanos y colectivos de familiares de personas desaparecidas solicitaron a la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) establecer un mecanismo extraordinario que permita reforzar las labores de búsqueda, identificación de restos y acceso a la justicia en México.
La petición fue presentada por grupos encabezados por Amnistía Internacional, quienes señalaron que el país registra más de 135 mil personas desaparecidas y no localizadas, además de alrededor de 72 mil restos humanos que permanecen sin identificar.
A través de un documento dirigido a las representaciones diplomáticas de los países integrantes de la ONU, las organizaciones plantearon definir las acciones que deberán seguirse luego de la activación del artículo 34 de la Convención Internacional para la Protección de Todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas.
Este procedimiento permite que el Comité contra la Desaparición Forzada de la ONU (CED) remita a la Asamblea General información relacionada con posibles prácticas generalizadas o sistemáticas de desaparición.
El Gobierno mexicano, por medio de las secretarías de Relaciones Exteriores y de Gobernación, ha rechazado esa interpretación y sostiene que no existen elementos suficientes para considerar que en el país se registre una práctica generalizada o sistemática de desapariciones.
Los colectivos argumentaron que la dimensión del problema supera las capacidades nacionales y señalaron que los delitos vinculados con desapariciones mantienen un nivel de impunidad cercano al 99 por ciento. Por ello, consideran necesario contar con herramientas de cooperación internacional que contribuyan a fortalecer las investigaciones y la atención a las víctimas.
Como parte de su propuesta, las organizaciones plantearon que la Tercera Comisión de la ONU designe a una persona o grupo de especialistas independientes para elaborar un plan urgente de actuación. Dicho esquema tendría que construirse de manera coordinada con el Gobierno mexicano, representantes de las familias y organismos internacionales.
Los grupos también pidieron a los gobiernos aliados de México mantener comunicación con las autoridades federales para presentar el mecanismo como una alternativa de cooperación técnica y no como una medida de carácter político.
Ante la postura de rechazo expresada por la Cancillería y Gobernación, los colectivos sostuvieron que el pronunciamiento del CED sobre posibles crímenes de lesa humanidad genera una responsabilidad de protección para la comunidad internacional.
Durante el 81 periodo de sesiones de la Asamblea General, familiares de personas desaparecidas prevén reunirse con representantes diplomáticos en Nueva York y participar en distintos foros paralelos para impulsar su propuesta.
El objetivo de las organizaciones es que la Asamblea General adopte una resolución antes de que concluya el año, en un contexto marcado por las diferencias entre el Gobierno mexicano y organismos internacionales respecto a la dimensión y naturaleza de la crisis de desapariciones.
