Colombia registra más de 200,000 afectados por violencia armada en 2025

Por Redacción AAMX
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El departamento del Catatumbo, en Norte de Santander, enfrenta una grave crisis humanitaria debido a la violencia armada y los desplazamientos forzados durante 2025, informó la Defensoría del Pueblo. Según el organismo, más de 200,000 personas se vieron obligadas a abandonar sus hogares o permanecieron confinadas en sus comunidades por enfrentamientos entre grupos armados ilegales y choques con fuerzas del Estado.

El informe detalla que 101,474 personas fueron desplazadas, cifra que triplica los reportes del año anterior, mientras que 110,373 permanecieron confinadas, muchas sin acceso a servicios básicos y bajo constante riesgo de violencia. Entre enero y noviembre se registraron 116 eventos de desplazamiento y 93 de confinamiento que afectaron gravemente los derechos de niños, niñas, adolescentes, mujeres y hombres.

El desplazamiento forzado se refiere a la salida abrupta de habitantes de sus comunidades ante la amenaza o violencia, mientras que el confinamiento obliga a la población a permanecer aislada, con limitaciones severas para su seguridad y bienestar.

Los departamentos más afectados son Norte de Santander y Cauca, donde persiste una crisis humanitaria que exige la presencia efectiva del Estado, subrayó la Defensoría. En la región del Catatumbo operan el “Frente 33” de disidencias de las extintas FARC y el Ejército de Liberación Nacional (ELN), quienes mantienen constantes disputas por el control territorial.

El reporte se da a conocer tras la alerta por la presencia de pobladores refugiados en escuelas del municipio de Tibú, donde se intensificaron los enfrentamientos. A inicios de enero, el gobierno colombiano declaró el estado de emergencia en la zona, luego de enfrentamientos que dejaron más de 80 muertos.

El Ejército colombiano señaló que en 2025 se priorizó la “fase humanitaria” en Catatumbo, con 3,633 evacuaciones y atención a 87,438 desplazados. Más de 10,000 efectivos militares se desplegaron en la región, interviniendo 376 estructuras criminales para proteger a la población civil.

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